El juez archiva el 'caso Pedanías' al ser «imposible a día de hoy» probar la comisión de delitos
Después de casi siete años, el juzgado sobresee la investigación sobre una supuesta trama de adjudicación de contratos de obras menores
El llamado 'caso Pedanías', en el que se ha investigado durante casi siete años la supuesta existencia de una trama de corrupción en la Concejalía ... de Descentralización del Ayuntamiento de Murcia durante los gobiernos del PP, acaba de exhalar el que puede ser su último suspiro. El magistrado que preside el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Ángel Garrote, ha ordenado el archivo de esas diligencias al considerar que, después de todas las gestiones practicadas, se debe concluir que «no hay indicios sólidos para mantener una imputación contra los investigados por la presunta trama de adjudicación, fraccionamiento fraudulento de contratos o malversación impulsada desde la Concejalía de Descentralización».
De esta forma quedan exculpados la veintena de empresarios y funcionarios municipales que todavía permanecían encausados en estas actuaciones, entre los cuales el personaje más relevante lo constituye quien fue durante años el concejal responsable de pedanías, Cristóbal Herrero.
Las investigaciones, centradas en la supuesta comisión de delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos arrancaron en 2015, después de que LA VERDAD desvelara que un pequeño grupo de empresas constructoras –tres, en particular– había copado durante años la inmensa mayoría de los contratos por obras menores del Ayuntamiento de Murcia. Todos ellos adjudicados de manera directa por ser inferiores a los 3.000 euros.
La resolución recoge que el órgano competente para seleccionar a las empresas eran los propios pedáneos
Las investigaciones, en las que desempeñaron un papel relevante los especialistas de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la Jefatura Superior de Policía, establecieron que la constructora Torralba se habría embolsado más de 1,2 millones de euros; el Grupo Sodimur, más de 4,2 millones, y el Grupo Gilterra, más de 600.000 euros. Todo ello gracias a acumular cientos de contratos de pequeña cuantía.
Sin embargo, las diligencias practicadas a lo largo de estos años, salteadas de largos periodos de inactividad, no permiten obtener la mínima certeza necesaria (...) de que se haya producido un concierto desde al Concejalía de Descentralización, con determinadas empresas, para adjudicar o fraccionar contratos eludiendo los preceptivos controles administrativos». Y deja constancia de que «el organismo competente para la selección de los contratistas siempre fue la Junta Municipal o los alcaldes pedáneos, siendo la intervención del exconcejal y de los técnicos municipales a efectos meramente formales para poder autorizar y gestionar el pago de los servicios efectuados».
Respecto a la sospecha de que se pudieron fraccionar trabajos para poder adjudicarlos directamente, el juez Garrote indica que «tampoco puede obviarse la dificultad para detectar ese fraccionamiento de contratos, (...) siendo a día de hoy imposible determinar si estas facturas correspondían realmente a la misma obra o a trabajos diferentes».
De ahí que, tras recabar la versión de la Fiscalía, que coincide con la señalada, haya decidido archivar las diligencias.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
