Los inversores turísticos podrán reducir a la mitad los plazos para comenzar la actividad

Miguel Sánchez (Ciudadanos), José María Albarracín (Croem) y Domingo Segado (PP), ayer, en la presentación del acuerdo para sacar adelante la normativa. Javier Carrión / AGM/
Miguel Sánchez (Ciudadanos), José María Albarracín (Croem) y Domingo Segado (PP), ayer, en la presentación del acuerdo para sacar adelante la normativa. Javier Carrión / AGM

El acuerdo alcanzado para desarrollar la ley de aceleración excluye la posible alteración de espacios naturales y respeta la evaluación ambiental en los planes de ordenación

Daniel Vidal
DANIEL VIDALMurcia

Las empresas turísticas que decidan invertir en la Región podrán acortar los plazos administrativos a la mitad, y más de 20.000 firmas podrán salir de la «alegalidad» y regularizar diferentes actividades económicas que «actualmente se encuentran en un limbo jurídico por incurrir en defectos urbanísticos que no se han podido corregir por la falta de actualización de los planes generales de ordenación urbana y la demora en la renovación de las directrices y el Plan de Ordenación Territorial de Suelo Industrial de la Región». Estas son algunas de las principales medidas que recogerá la futura ley de aceleración empresarial, y que fueron presentadas ayer por el presidente de Croem, José María Albarracín; el diputado del PP en la Asamblea Regional Domingo Segado (en sustitución del portavoz popular, Víctor Manuel Martínez, de viaje), y el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento autonómico, Miguel Sánchez, tras haber alcanzado un acuerdo definitivo para sacar adelante la normativa.

La regularización de actividades de empresas «que no dispongan de licencia será posible gracias a un procedimiento especial que permitirá que el ayuntamiento correspondiente conceda una resolución municipal de compatibilidad urbanística», que será la llave para poder iniciar los trámites de la licencia de actividad provisional. Esta licencia se otorgará por el consistorio, «siempre cumpliendo con lo estipulado en la ley, incluida la medioambiental, y será el mismo ayuntamiento el que después concederá una licencia definitiva una vez solventadas las discrepancias con el planeamiento urbanístico».

El acuerdo, por puntos

Regularización de actividades empresariales existentes
gracias a la declaración responsable y la licencia de actividad provisional, que ya regula la Ley 13/2015 de ordenación territorial, pero habilitando un procedimiento especial para la concesión de la licencia definitiva una vez subsanadas las deficiencias.
Actuación sobre polígonos industriales
Creación de una Entidad Urbanística de Conservación para la mejora de la gestión y modernización de las áreas industriales de la Región, y categorización de los polígonos industriales en 'elemental', 'avanzado' y 'superior' en función de la dotación de infraestructuras y servicios que ofrecen.
Impulso del turismo
Declaración de proyectos de interés turístico con el objetivo de desestacionalizar la oferta. Reducción a la mitad de los plazos ordinarios aplicables al proyecto en los ámbitos local y regional; constitución de hoteles en propiedad horizontal ('condohoteles') e incentivos de edificabilidad para la renovación hotelera.
Abastecimiento energético
Agilización de la implantación de huertos solares en suelos no urbanizables y reducción generalizada de plazos en el suministro de energía eléctrica.
Simplificación medioambiental
Eliminación de la licencia de actividad (sustitución por declaración responsable) en los proyectos sometidos a autorización ambiental integrada, cumpliendo toda la legislación aplicable a la empresa; reducción de plazos para la obtención de la Autorización Ambiental Integrada (un mes) y las autorizaciones ambientales sectoriales (tres meses). Revisión de órganos autonómicos para la evaluación ambiental de determinados proyectos.
Cooperativismo
Reducción del número de socios necesarios para formar una cooperativa y supresión de formalidades burocráticas innecesarias.
Otras medidas de agilización y simplificación administrativa
Creación de la UNAI Inmobiliaria y la UNAI Turística para coordinar y agilizar los proyectos empresariales de estos dos sectores; puesta en marcha de un sistema de información 'online' de consulta; creación de una comisión para impulsar la actividad económica; regulación clarificadora de determinadas cuestiones en materia de Juego; se ajusta el contenido de la ley de ordenación territorial en relación a su compatibilidad con la legislación estatal para garantizar la constitucionalidad en la regularización de actividades e instalaciones.

Tanto Albarracín como Segado y Sánchez celebraron un acuerdo que estuvo a punto de dar al traste hace menos de un mes, cuando Ciudadanos se levantó de la mesa de negociación al considerar inaceptables dos propuestas del PP. Por un lado, eliminar el trámite de Evaluación Ambiental Estratégica en la modificación de los planes de ordenación urbana de los ayuntamientos, y que fuera el Gobierno regional el que autorizara, de forma discrecional, la exención de este trámite a los municipios. Por otro, la modificación de los límites de algunos espacios naturales regulados por los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN). «Estas dos medidas han quedado excluidas del documento», confirmó el presidente de la patronal, quien matizó que «serán los partidos políticos los que decidan ampliar el texto o no» en la Asamblea. En este sentido, Domingo Segado aseguró que las dos propuestas «en este momento no están encima de la mesa», y se mostró dudoso ante su posible incorporación al texto legal definitivo en el período de enmiendas: «No sé si surgirá». Por su parte, Miguel Sánchez tampoco despejó las dudas al asegurar que «el texto se sigue estudiando, y estas cuestiones se debatirán en el trámite parlamentario».

«El texto supondrá sacar del limbo jurídico a más de 20.000 empresas en situación alegal» José María Albarracín. Presidente de Croem

«Busca crear un entorno administrativo favorable con el objetivo de generar más y mejores empleos» Domingo Segado. Diputado del PP

«Será una norma valiente, puntera e innovadora para ofrecer una solución a miles de empresarios» Miguel Sánchez. Portavoz de Ciudadanos

Declaración responsable

Lo que sí recoge el acuerdo alcanzado por PP, Ciudadanos y Croem es una larga lista de medidas destinadas a completar la estrategia iniciada en una primera fase por el Gobierno regional con la ley de simplificación administrativa, y con la que se pretende allanar el camino y aliviar la carga burocrática para la inversión económica en la Región. Por ejemplo, la agilización en la aprobación de los expedientes de carácter ambiental que deben superar las empresas. Así, la licencia de actividad se sustituye por la declaración responsable en los proyectos sometidos a autorización ambiental integrada, «siempre bajo el cumplimiento de toda la legislación sectorial que le sea de aplicación a la empresa», señaló Albarracín. Asimismo, se reducirán los plazos para la obtención de la Autorización Ambiental Integrada y las autorizaciones ambientales correspondientes en cada sector de actividad. El primer trámite se reduce de diez a nueve meses. El segundo, de seis a tres.

Además, el documento prevé la revisión de los órganos autonómicos competentes en la evaluación ambiental de determinados proyectos; «adapta a la realidad de la Región de Murcia el concepto de monte para el supuesto de terrenos agrícolas abandonados» y contempla la creación de una plataforma digital en la que se pueda consultar todo lo relacionado con los trámites ambientales.

Turismo y ladrillo

La ley de aceleración empresarial también prevé la incorporación de dos potentes 'motores' para que el barco llegue a buen puerto. El excelente resultado que ha aportado a las arcas regionales la Unidad de Aceleración de Inversiones (UNAI) del Instituto de Fomento (Info) tendrá reflejo en dos nuevas 'hermanas' recogidas en la futura ley: la UNAI Inmobiliaria y la UNAI Turística, con el objetivo de coordinar y agilizar los proyectos empresariales de estos ámbitos de actuación. El sector turístico, de hecho, cuenta con un apartado específico en el acuerdo para lograr el «impulso y la modernización de este motor económico». Así, se contempla la declaración de proyectos de interés turístico para reducir a la mitad los trámites administrativos de ámbito local y regional. Las empresas turísticas, además, podrán beneficiarse de incentivos de edificabilidad para la renovación del parque hotelero y así «obtener una oferta de calidad similar a nuestros competidores». También se contempla la constitución de hoteles en propiedad horizontal, llamados 'condohoteles'. Un régimen previsto para establecimientos de más de 100 habitaciones y de tres estrellas o más.

Polígonos industriales

Por otra parte, el acuerdo recoge «la mejora en la gestión y en las infraestructuras de los polígonos industriales, uno de los elementos claves para el desarrollo de la Región y para atraer potenciales inversores. Así, se incentivará la competencia entre polígonos industriales y se evitará el deterioro y abandono de los mismos. Se creará una Entidad Urbanística de Conservación con la denominación de Comunidad de Gestión del Área Industrial, que se encargará de la mejora de la gestión y modernización de las áreas industriales.

Además, se acometerá una clasificación de los polígonos industriales, que podrán ser 'elementales', 'avanzados' o 'superiores' en función de la dotación de infraestructuras y servicios que ofrecen. Esta nueva clasificación marcará el precio del suelo industrial. Actualmente, de los 73 polígonos que hay en la Región, solo cuatro obtendrían la etiqueta de 'superior'.

También se contempla la agilización de la implantación de huertos solares en suelo no urbanizable al ser considerados «infraestructuras energéticas». Además, se incluye una «reducción generalizada de plazos» en el suministro de energía eléctrica a las empresas.

El texto prevé poner en marcha una 'Carpeta Empresarial' donde se recogerá toda la vida de la empresa, y un sistema de información 'online' para resolver las posibles dudas. Asimismo, se prevé la creación de una comisión para impulsar la actividad económica, con el objeto de controlar la implementación de las medidas de agilización establecidas en esta ley.

En este sentido, la ley incluirá la «evaluación de los costes y beneficios que puede suponer la futura norma para los sectores afectados».

 

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