Cae una red que introducía vietnamitas que eran explotados en centros de manicura

Varias de las jóvenes que eran explotadas en España. / CNP

El operativo ha contado con más de cien inspecciones en centros de 16 provincias, entre ellas Murcia

MELCHOR SÁIZ-PARDO

En los últimos años han proliferado por todos los barrios de España. Centros de manicura regentados por ciudadanos asiáticos, con trabajadores de ese mismo origen, con bajos precios y unos horarios muy amplios. Pero detrás de parte de este 'boom' empresarial hay un lado oscuro que, por primera vez, la Policía Nacional con la ayuda de Europol ha sacado a la luz: la existencia de verdaderas redes de tráfico de 'esclavos' asiáticos para cubrir la fuerte demanda.

Se ha llamado 'operación Mekong-Nanyue. La Policía ha detenido a 37 personas acusadas casi todas ellas de liderar una red dedicada a introducir de forma clandestina en España a ciudadanos vietnamitas para explotarlos en estos centros. Según los investigadores, este grupo, que operaba con base en Barcelona, habría logrado introducir en el país al menos a 730 'esclavos', que pagaban 18.000 euros por convertirse en 'trabajadores' de jornadas en extenuantes y por vivir en verdaderos zulos. El volumen de negocio de la red, solo en desde enero de este año, superaría los 13 millones de euros.

Los tentáculos del grupo, según el Ministerio del Interior, se extendían por las provincias de Murcia, Sevilla, Granada, Almería, Cádiz, Málaga, Madrid, Valencia, San Sebastián, Gerona, Lérida, Tarragona, León, Huelva, Córdoba y Barcelona. Los agentes han inspeccionado no menos de un centenar de centros

Los investigadores han destacado el «trato humillante a las víctimas por las condiciones de su alojamiento en las viviendas de la organización». «Los mantenían encerrados en pisos, a veces en zulos a los que se accedía a través de una trampilla», han apuntado los operativos, que también han insistido en que tras jornadas de doce horas, la red les devolvía a las viviendas, donde les impedía salir hasta que el día siguiente volvían a trasladarlos a los centros de manicura.

El método utilizado por la organización para lograr su objetivo era el uso fraudulento de los procedimientos de Protección Internacional y de Menores Extranjeros no Acompañados (Menas), que iniciaban en puestos fronterizos aéreos como el aeropuerto de Madrid- Barajas y el Prat de Barcelona

Según ha informado la Policía, las investigaciones fueron iniciadas por los agentes a principios del presente año, tras el aumento de solicitantes de Protección Internacional. Los ciudadanos vietnamitas, tras la solicitud inicial, en ningún caso continuaban con el expediente administrativo sino que lo que buscaban era facilitar su acceso a territorio Schengen. Para este fin, los inmigrantes viajaban desde su país de origen hacia diferentes países de Sudamérica, desde donde volaban de regreso para realizar un tránsito ficticio en España y, una vez en el aeropuerto, solicitaban Protección Internacional o alegaban ser menores no acompañados.

«Esta forma de proceder por parte de la organización demuestra el profundo conocimiento de la legislación, de manera que instruían perfectamente a sus víctimas sobre todos los pasos a seguir en cuanto a rutas por los países intermedios, tránsito ficticio en España y alegaciones en los trámites que realizaban», ha apuntado la Policía.

Cuando obtenían el acceso al territorio nacional si solicitaban Protección Internacional rechazaban el aprovechamiento de los recursos asistenciales y si era iniciado el protocolo para Menas se fugaban de los centros de menores en los que eran ingresados para luego, en ambas situaciones, trasladarse en transporte público, normalmente en taxi hasta Barcelona, donde la organización tenía su infraestructura principal.

La organización formaba grupos de seis a doce personas y cada uno contaba en cada ocasión con un líder o guía que realizaba todo el trayecto con ellos, el cual hablaba inglés para posibilitar una mínima comunicación en los países de tránsito y aeropuertos.

Entre los arrestados destaca la detención de un funcionario de la Oficina Única de Extranjeros de Huelva, el cual aportaba los documentos necesarios para justificar los requisitos exigidos por la legislación para la consecución fraudulenta de una autorización de residencia y trabajo por arraigo social. Desde certificados de empadronamiento, a fin de demostrar una permanencia en España de tres años, contrato de trabajo en la que no existía relación laboral real e incluso la incorporación de resoluciones de concesión falsificando la firma de la Subdelegada de Gobierno en Huelva, entre otras irregularidades.

Dicho funcionario estaba en connivencia con un empresario vietnamita, también detenido, que a su vez tenía contacto con otros empresarios y personas procedentes de Vietnam para atraer hasta la oficina donde él se encontraba a sus trabajadores en situación irregular, a fin de obtener el permiso mencionado de forma ilegal.

 

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