Los intereses territoriales dividen el voto del PSOE y PP sobre el acuífero

A un lado la Región de Murcia y Andalucía, en manos del PP, y al otro lado Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, gobernadas por los socialistas. Los intereses políticos y territoriales marcaron ayer de una forma más visible la reunión de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura. Con un resultado ajustado de 18 a 15 votos, se ratificó la declaración para proteger la masa de agua del Campo de Cartagena, conectada al Mar Menor, y la ampliación del perímetro afectado en 4.218 hectáreas, un 8% más de la superficie total, como avanzó LA VERDAD.

Además de los gobiernos murciano y andaluz, el organismo de cuenca tuvo en contra a las asociaciones de regantes de las tres vegas, así como al Sindicato de Regantes del Trasvase y al representante del Ayuntamiento de Murcia. Los votos en contra se fundamentan en que el trámite utilizado por la CHS es nulo de pleno derecho y está viciado de posible ilegalidad por no haberse respetado los plazos, el procedimiento y la documentación. Sostienen además que ya existe una ley de Protección del Mar Menor aprobada en la Asamblea Regional para controlar y reducir el impacto de la actividad agrícola del Campo de Cartagena, por lo que las medidas de la CHS son redundantes e innecesarias.

La Confederación, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, contó con el apoyo de las regiones socialistas. En el caso de la Comunidad Valenciana, se da la circunstancia de su territorio resulta favorecido, ya que las medidas cautelares son menos restrictivas que las que se aplican en la Región de Murcia, pese a que la masa de agua protegida es la misma. La CHS lo justificó diciendo que las aguas de la zona alicantina vierten al Mediterráneo y no al Mar Menor, lo cual no convence a los regantes y al Gobierno regional, que lo interpretan como un trato de favor al Ejecutivo de Ximo Puig a cambio de obtener su apoyo.

El representante de Castilla-La Mancha delegó su voto en el presidente de la CHS, Mario Urrea. El Gobierno de Toledo ha incorporado a su argumentario contra el Trasvase sus críticas al modelo agrícola que se realiza en la cuenca del Segura con las aguas del Tajo, como declaró ayer su presidente, Emiliano García-Page, quien ha recurrido el desembalse de marzo y ha apuntado que los pantanos de cabecera recibieron un 14% menos de agua en el anterior año hidrológico. «El Tajo no es el Ródano ni el Danubio», manifestó.

En este punto, el Sindicato de Regantes, a través de José Antonio Andújar, manifestó ayer que la Junta de Gobierno debía mostrar su preocupación por el nuevo plan de cuenca del Tajo, ya que el incremento de los caudales ecológicos que se proponen significaría la defunción del acueducto, lo cual afectaría también al abastecimiento de la población.

El presidente del Scrats, Lucas Jiménez, subrayó que los regantes de la tres vegas han votado en contra de la CHS. Se ratificó en que el procedimiento es «nulo de pleno derecho», por lo que la reunión de ayer está «viciada» por unas irregularidades recogidas en un recurso ante el TSJ.

Los representantes del Gobierno regional, encabezados por el consejero de Agricultura, Antonio Luengo, no ratificaron expresamente el acta de la reunión de julio, ya que que su silencio podría interpretarse como un voto afirmativo, como dijo la Abogacía del Estado. Tampoco apoyaron los puntos relativos al acuífero, ya que el Ejecutivo autonómico presentó un recurso en los tribunales. En cuanto a la ampliación del perímetro, advirtieron de que no se ha consultado previamente al Consejo del Agua de la cuenca.

La CHS ganó la votación ampliando la superficie protegida del acuífero, como propuso el Instituto Geológico y Minero. Negó que las medidas cautelares invadan competencias de la Consejería de Agricultura, como advierte el informe del Grupo de Trabajo de la Cuenca Vertiente. Sobre la petición de las organizaciones agrarias COAG, Asaja y Fecoam de que se suspendan tales medidas, señaló que debe ser la Junta de Gobierno la que tome esa decisión, «pero hoy ha aprobado ratificar las de julio y ampliar el perímetro». Estas organizaciones no tienen representación en dicha Junta. La Federación de Cooperativas Agrarias criticó el «error» que supone «castigar de forma tan dura a la agricultura con unas medidas que no se ajustan a la realidad y perjudican gravemente al sector».

La Junta de Gobierno de la CHS, por otra parte, fue informada por Mario Urrea de la próxima apertura de nuevas sedes territoriales en Orihuela y Hellín, que se suman a la ya inaugurada en Pulpí. De esta forma, habrá presencia del organismo de cuenca en todas las comunidades autónomas ribereñas del Segura, para agilizar trámites y dar un mejor apoyo al personal de la Confederación.