Los inspectores señalados por Educación niegan malversación

Los cinco inspectores de Educación denunciados por la Consejería ante Hacienda por cobrar supuestamente más kilometraje del real, en sus desplazamientos a los colegios e institutos, negaron ayer que estén cometiendo irregularidad alguna y advirtieron de que sus comisiones de servicio han sido ya respaldadas por los tribunales.

Estos funcionarios tienen domicilio en Cartagena, pero cobran el kilometraje desde Murcia por ser esta la localidad del puesto de trabajo, como informó LA VERDAD. Así se ha realizado «siempre», dijeron, y «no por capricho, sino porque el Real Decreto 462/2002 sobre indemnizaciones por razón de servicio así lo establece», advierten los profesionales. «A partir de 2010, la Consejería de Educación dictó unas instrucciones que establecían un doble criterio para indemnizar al funcionario». En concreto, «la Administración podía considerar el inicio de la comisión desde la ciudad de Murcia o desde el domicilio particular, según le conviniera» para «pagar el menor número de kilómetros en perjuicio del funcionario que pone su coche al servicio de la Administración, con todos los gastos que esto conlleva, lo cual constituye una clara discriminación por razón de domicilio».

La norma fue recurrida, y el TSJ de Murcia «en sentencia firme nos dio la razón», subrayan los inspectores, que han puesto su defensa en manos del letrado Raúl Pardo-Geijo Ruiz. «Anulada dicha normativa, solicitamos en la vía contencioso administrativa que se nos indemnizaran las comisiones de servicio, tal y como se venía haciendo con anterioridad. En sentencia firme, el juzgado nos da la razón y obliga a la Administración a abonarnos las cantidades no percibidas durante varios años», explican los trabajadores. El fallo, lamentan «no ha sido cumplido en su totalidad».

«Al parecer, la resolución favorable a nuestros intereses no ha sentado bien a algunos órganos superiores de la Consejería, lo que les ha llevado a denunciarnos, nada menos, que por un delito de malversación de fondos públicos. No parece que hayan entendido que en un país democrático y de derecho los ciudadanos pueden reclamar a la Justicia y, si esta les da la razón, ser resarcidos en sus demandas sin que haya represalias», señalan los inspectores.