La Inspección de Trabajo pone a la Fremm contra las cuerdas por los cursos de formación
La patronal del metal sostiene que numerosas entidades pueden cerrar si se prohíbe que se siga empleando a autónomos como profesores
Una inspección de Trabajo realizada a la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm) ha desencadenado una tormenta en esta entidad y en todas aquellas que contraten como profesores a autónomos para impartir cursos de formación para el empleo. La patronal murciana del metal, que cuenta con una importante programación de cursos para desempleados y trabajadores en activo, considera que pueden verse afectadas miles de entidades de España, 825 de ellas en la Región de Murcia: desde universidades, a institutos, centros de formación y academias de oposiciones, que utilicen como profesorado a profesionales autónomos.
En un comunicado, Fremm señaló ayer que muchos centros estarían «abocados a un cierre encadenado» si prospera el nuevo criterio de la Inspección de Trabajo, según el cual los profesores no pueden ser autónomos como hasta ahora, sino que deben ser contratados como trabajadores por cuenta ajena. La institución murciana considera que la Inspección de Trabajo «ha escogido la Región de Murcia como chivo expiatorio, ya que existen miles de centros que contratan a autónomos en el resto de España», añadió en un comunicado.
Sostiene que el «efecto encadenado de este cambio de criterio que quiere imponer de forma abrupta la Inspección de Trabajo pone en riesgo la formación y empleo de cinco millones de desempleados y trabajadores en activo», lo cual provocaría «un auténtico caos en la formación nacional y en la empleabilidad de trabajadores en paro».
La federación fue sancionada con el nuevo criterio impuesto por la Administración, que afectaría al resto de España, y dice que se siente un «chivo expiatorio»
Fremm tuvo una inspección antes del verano por parte de Trabajo que derivó hace unas semanas en un expediente con una elevada sanción, junto al alta de oficio de parte del profesorado. La patronal del metal consideró inicialmente que se trataba de una «inspección rutinaria», en tanto que dice haber estado funcionando con la contratación de autónomos durante más de 30 años, al igual que el resto de entidades de formación acreditadas en España, que cifra en 13.400. No obstante, las alarmas saltaron con el expediente en curso.
A juicio de Fremm y de las organizaciones empresariales, «las distintas normas que rigen la contratación en los centros de formación dan pie a una interpretación laxa, por lo que piden al Gobierno de España una solución urgente que garantice la seguridad jurídica evitando así discrecionalidad a la hora de aplicarlas, y mientras tanto, la paralización de expedientes en curso». Añade, asimismo, que «la contratación de profesorado autónomo está amparada desde la Unión Europea y por la propia Ley sobre Formación para el Empleo».
Efecto de cuatro años atrás
A juicio de Fremm, con este precedente que le implica directamente «se abre la puerta a la revisión directa de los centros educativos en los últimos cuatro años, y a ser denunciados con el precedente creado». Sostiene que el paso que ha dado la Inspección «afectaría a un abanico amplio de entidades educativas y formativas, incluyendo las propias universidades públicas y privadas, institutos, centros de formación profesional y academias de preparación a oposiciones, que cuentan con profesionales en calidad de autónomos para impartir sus clases. También habría repercusiones para las clases particulares en domicilios, preparadores de oposiciones, jornadas técnicas y charlas, entre otros ámbitos». Según Fremm, «solo contando el número de estudiantes universitarios perjudicados, el volumen de afectados se dispararía».
El rector Luján aclara que no contrata a autónomos; y Croem dejó hace años de impartir cursos de formación para el empleo
Fremm explicó que su Centro Integrado de Formación Profesional tiene una media anual de 5.000 trabajadores formados, de los que 1.000 son desempleados y de Garantía Juvenil. De estos últimos, 8 de cada 10 encuentran empleo, mientras los 4.000 restantes son trabajadores que se cualifican en los avances del mercado, incluyendo la cualificación en nuevas tecnologías. La patronal del metal recalcó que de prosperar el criterio de la Inspección de Trabajo, los centros formativos gestionados por las organizaciones empresariales, sindicatos y empresas privadas «se verían abocados al cierre, dejando a trabajadores en activo y desempleados sin acceso a una cualificación imprescindible en estos momentos, y en especial, a colectivos vulnerables, entre ellos jóvenes sin empleo y también a los de larga duración y mayores de 50 años».
La UMU no se siente afectada
El rector de la Universidad de Murcia, José Luján, aclaró ayer que estas directrices de la Inspección de Trabajo «no afectan» a la institución académica. Precisó que la UMU, como otras universidades y centros educativos, imparten «formación reglada», y no tiene contratado a personal ni a profesionales autónomos. En este sentido, son contratos por cuenta ajena. En cuanto a los cursos de máster, existen «colaboraciones externas», y por un tiempo muy específico, de autónomos, profesionales o funcionarios, supervisados por un profesor titular. En este sentido, Luján indicó que no se sienten concernidos por el comunicado que lanzó ayer Fremm. Comentó que existe una sentencia del Tribunal Supremo de hace dos años que clarifica las relaciones laborales, entre ellas la de formación para el empleo.
Fuentes de la patronal Croem, por su parte, señalaron que tampoco les afecta esta situación. «Abandonamos el sistema de formación hace años», indicó un portavoz de la organización.
