La Inspección exige a la Fremm cuatro años de cuotas de la Seguridad Social de sus docentes

En estos casos, se abren dos actas coordinadas de infracción y liquidación. Esta última se instruye por la falta de alta de trabajadores en el régimen general y, habitualmente, lleva aparejado el inicio de un procedimiento recaudatorio por parte de la Tesorería de la Seguridad Social. Con independencia del resultado final del expediente, las empresas sancionadas, en este caso la Fremm, tendrían que avalar o garantizar el pago que le reclama la Inspección, que sería la mayor parte de esos 1,7 millones de euros. De ahí que la patronal regional del metal se encuentre actualmente contra las cuerdas, ya que no podría regularizar a todo su profesorado.

Fuentes de la Inspección de Trabajo se limitaron a señalar ayer que el acta abierta a la Fremm «sigue su procedimiento habitual y se encuentra en fase de notificación». Dicho organismo no facilitó más información por el deber de confidencialidad.

La Fremm, que está considerada un Centro Integrado de Formación Profesional, es una institución de referencia en la Región de Murcia, debido a los numerosos cursos de formación para el empleo que imparte cada año, más que ninguna otra federación sectorial. De ahí que el expediente abierto por la Inspección haya causado un gran impacto social. Su presidente, Alfonso Hernández, alertó de que la Inspección ha impuesto un cambio de criterio que pone en peligro miles de empleos y que puede abocar al cierre a numerosas entidades de formación, si prevalece que los profesores no pueden ser autónomos sino trabajadores por cuenta ajena.

La actuación de la Inspección se basa en una sentencia del Tribunal Supremo de 2019 que afecta a los centros de formación que reciben subvenciones de los servicios de empleo, según la cual la relación de los docentes no puede ser mercantil, sino laboral. En este caso, el criterio de la Inspección es que los formadores de la Fremm son trabajadores por cuenta ajena. No obstante, la sentencia es interpretable según los casos. Este es el fondo del asunto, que en última instancia tendría que dirimir un juez.

Aunque los hechos no son los mismos, la situación tiene similitud con el conflicto de los 'riders', que resolvió el Tribunal Supremo en mayo con una sentencia que consideró a los repartidores trabajadores por cuenta ajena, tras desestimar un recurso de la empresa Deliveroo. Hasta entonces, estaban considerados como autónomos.

Una vez que la Inspección de Trabajo ha notificado su acta, la patronal del metal tiene un plazo de alegaciones y puede recurrir en alzada. Su presidente, Alfonso Hernández, señaló que agotarán todas las vías para que no prospere la resolución. En este caso y dado que se trata de cuotas a la Seguridad Social, el órgano competente para dictar la resolución es el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.