Inhabilitan por ocho años y medio al sargento jefe de Caravaca por anularse las multas que le ponían

La anulación ilegal de 39 sanciones de tráfico, que fueron dejadas sin efecto entre los meses de marzo y septiembre de 2013, le ha costado al sargento jefe de la Policía Local de Caravaca de la Cruz, Juan Antonio Caro, una condena de ocho años y medio de inhabilitación, durante los cuales no podrá volver a trabajar en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, además de la pérdida de la condición de funcionario público. El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial le ha declarado auto de un delito continuado de prevaricación, al haber llegado al convencimiento de que se quitó a sí mismo 13 sanciones de tráfico, que los propios agentes bajo su mando habían impuesto a vehículos de su propiedad, y que hizo lo mismo con otras 26 multas de personas aparentemente allegadas o conocidas.

Con esa actuación ilegal causó un perjuicio de 3.490 euros al Ayuntamiento caravaqueño, que ahora tendrá que abonar en concepto de indemnización.

El sargento Caro había sido absuelto en un primer momento por este mismo tribunal, al considerar que los documentos que acompañaban la denuncia inicial -presentada por dos concejales socialistas- habían sido obtenidos de forma ilegítima, por lo que todas las pruebas obtenidas seguidamente tenían que ser anuladas. Una decisión de que se resumía en el principio jurídico conocido como la doctrina de los frutos del árbol envenenado.

Esa sentencia exculpatoria fue recurrida ante el Supremo por el letrado de la acusación particular, Fermín Guerrero Faura, quien consiguió que el Alto Tribunal le diera la razón y fallara que esa denuncia original no tenía la condición de prueba, sino que simplemente era eso, una denuncia a raíz de la cual se debían investigar los hechos. De esa forma, todas las pruebas obtenidas a posteriori pasaban a ser consideradas válidas y se obligaba a la Audiencia a dictar una nueva resolución, teniendo en cuenta todos los datos existentes.

De esta forma, los magistrados murcianos fallan que el sargento Caro anuló irregularmente esas sanciones, en unos casos «sin trámite alguno, de plano, accediendo directamente al sistema informático», y en otros, atendiendo a alegaciones inexistentes. El tribunal considera que no existen dudas acerca de su autoría, ya que la entrada en el sistema informático Multas T-System para dejar sin efecto esas sanciones se hizo con su clave personal, a lo que se suma que trece de esas multas eran sobre vehículos de su propiedad. Con ello incurrió en unas «decisiones absolutamente ilegales y arbitrarias», que le han costado la condena por prevaricación.

La Audiencia le absuelve sin embargo de un delito de falsificación, por el que la acusación popular le pedía cinco años de prisión.