Un informe denuncia que Fomento reforma la Ley del Suelo para eludir controles

Este cambio normativo, impulsado por la Consejería de Fomento e Infraestructuras y explicado por el presidente regional a los alcaldes el lunes 27 de abril, se presentó como una simplificación de trámites para acelerar la actividad económica y dar más autonomía a los ayuntamientos después del palo del coronavirus. Los autores del estudio, sin embargo, alegan que estas modificaciones «no responden a ninguna urgencia ni solucionan la crisis económica», y que además se han realizado «con una vergonzosa improvisación, sin calcular su impacto y consecuencias. Se elimina la participación y control del Consejo de Gobierno y órganos colegiados en diversos trámites, y se suprimen las necesarias cautelas administrativas», denuncian.

El decreto-ley 3/2020 de 23 de abril, que establece modificaciones en puertos, vivienda, taxi y ordenación territorial y urbanística, será llevado mañana al Pleno de la Asamblea Regional para su convalidación.

En el informe técnico, realizado entre otros por la experta en planificación urbanística María Ángeles Moreno Micol –exconcejal de Ahora Murcia en el Ayuntamiento de la capital– y el arquitecto y urbanista Felipe Iracheta, se llama la atención sobre la figura del consejero de Fomento, que se reservaría la toma de numerosas decisiones de gran calado sin necesitar siquiera la autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.

El responsable de este departamento, José Ramón Díez de Revenga, ya ha sido criticado también por los colectivos ecologistas por enmendar la ley de puertos «de forma injustificada», también con la excusa del coronavirus, «sin participación pública, con criterios únicamente comerciales» y «graves consecuencias para el medio ambiente».

Entre las numerosas críticas de la auditoría conservacionista al decreto-ley del Gobierno regional, destaca la advertencia sobre la posibilidad de que los planes urbanísticos parciales o especiales puedan reajustar su delimitación hasta en un 10%, «sin especificar cómo se tramitará este cambio en la realidad, cuál será su procedimiento ni a qué tipo de suelos limítrofes puede afectar». En legislaciones de otras comunidades estos porcentajes son muy inferiores; en Navarra, por ejemplo, es del 3%.

También se censura que se pretenda modificar los usos de edificios históricos «con una simple declaración responsable», algo que consideran «de dudosa legalidad» y dirigido a beneficiar a determinados promotores en operaciones concretas.

Y en cuanto a los Planes de Ordenación del Litoral, anteriormente una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, se traspasan ahora a los ayuntamientos –cuando no afecten a más de uno– bajo la denominación de Plan de Ordenación de Playa.

«Buscar la simplicidad de los trámites no es compatible con eliminar las garantías y filtros administrativos, solo provoca inseguridad jurídica y desigualdad en el trato ante la administración pública, con lo cual esta ley se convierte en una fuente de conflicto, aún más de lo que ya era», concluyen las dos entidades, que reclaman que se dé marcha atrás al nuevo decreto-ley, «cuya urgencia en absoluto se justifica».