Imposturas

No pudo acabar de peor manera otra semana negra para el Gobierno de Pedro Sánchez, zarandeado por los ominosos audios de la ministra de Justicia en pleno compadreo con el excomisario Villarejo y las revelaciones sobre la sociedad patrimonial del ministro de Ciencia, el astronauta Pedro Duque. Hacer un llamamiento a «intervenir» para poner límites a la libertad de expresión y de información, como planteó la vicepresidenta Carmen Calvo en los términos en que lo hizo y precisamente en este momento, dice poco en favor de quien, como especialista en derecho constitucional, sabe perfectamente que los límites al derecho a la información y la libertad de prensa ya están claramente fijados en la Carta Magna y que su vulneración puede tener consecuencias civiles y penales para los profesionales y los medios de comunicación si así lo determinan los tribunales. Mal momento ha elegido Carmen Calvo para evocar el debate de la posverdad cuando varios ministros o han dimitido (Carmen Montón) o están en apuros por no decir la verdad (Dolores Delgado y Pedro Duque) desde el primer momento. Su intervención evocó directamente a otros discutibles pronunciamientos, como el del exministro popular Rafael Catalá, que sugirió sancionar a los medios de comunicación que publiquen informaciones sobre investigaciones judiciales en curso, justo cuando los casos de corrupción acorralaban al Gobierno del Partido Popular. Entonces, el PSOE y el resto de partidos acusaron al Gobierno de Rajoy de intentar amordazar a los medios. La misma interpretación que ahora hace toda la oposición de las palabras de la vicepresidenta. Desconozco qué pretende realmente Carmen Calvo, pero se equivoca irresponsablemente cuando mezcla ante la opinión pública el grave problema de las 'noticias falsas' que nutren las plataformas tecnológicas de internet y las redes sociales con las informaciones elaboradas por los medios de comunicación que, a diferencia de los primeros, están obligados a asumir la exigencia constitucional de veracidad en todos los contenidos que difunden. O Calvo no sabe de lo que habla o puede que sí y solo pretenda confundir para sacar al Ejecutivo de su atolladero. El Gobierno, dijo el viernes su portavoz, dice sentirse víctima de una «cacería», de un «acoso brutal» de PP y Ciudadanos. Está en su derecho de orientar como mejor le plazca su estrategia de defensa, pero solo acentúa su debilidad cuando traslada la imagen de que se siente indefenso ante la sucesión de informaciones que atañen a los comportamientos éticos de varios de sus ministros. Promover la necesidad de una regulación porque «la libertad de expresión no lo resiste todo», como sostuvo Carmen Calvo, es obviar la realidad de que en nuestro país cualquier ciudadano puede acudir a los tribunales si considera vulnerado el derecho a su imagen o a su honor. O acogerse a la norma que regula el derecho de rectificación y que asiste a toda persona física o jurídica.

En realidad, el gabinete de Pedro Sánchez está siendo víctima de las propias autoexigencias éticas planteadas por el presidente cuando, en la oposición, decía que en otros países los ministros dimitían si incurrían en plagios o que no mantendría en su equipo a quien creara sociedades instrumentales para hacer frente a sus obligaciones fiscales. La tarea básica de cualquier informador es confrontar las promesas y los hechos de quien ocupa el poder, más aún tras una moción de censura justificada en la necesidad de una regeneración democrática. La obligación de quien gobierna es ser coherente y obrar en consecuencia. No debe ser fácil en las actuales circunstancias navegar con tanto viento en contra, pero un poco de autocrítica y reflexión no vendrían mal en La Moncloa si quiere detener esta espiral de desgaste. No son pocos los experimentados socialistas que aprecian con nitidez las costuras de un gobierno que no brilla por su correcta coordinación y donde los bandazos se han convertido en la norma. A tiempo está Sánchez de reorientar el rumbo, al menos hasta la convocatoria de unas elecciones generales que se hace cada vez más perentoria de continuar la actual dinámica. De momento, Pedro Sánchez ha optado por resistir en lugar de introducir cambios en el funcionamiento interno de su gabinete, donde están fallando piezas fundamentales. El órdago separatista catalán y la complicada negociación de los Presupuestos del Estado van a determinar la fecha de caducidad de un Ejecutivo que se ha olvidado del talante y empieza a enseñar el colmillo.