«Iban a taponar un salmueroducto y lo paró Presidencia»

El salmueroducto desmantelado en una imagen de archivo. /Vicente Vicéns/ AGM
El salmueroducto desmantelado en una imagen de archivo. / Vicente Vicéns/ AGM

La declaración de un agente ambiental arroja fuertes sospechas sobre la presunta dejación de la CHS durante largos años a la hora de frenar los vertidos al Mar Menor

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

El agente medioambiental nº 1932 tuvo sus primeros conocimientos sobre la red de salmueroductos ilegales que tapizaba el Campo de Cartagena allá por el año 2011. No fue una experiencia agradable, tal y como la pasada semana relató -en calidad de testigo- ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Ángel Garrote, que instruye las diligencias por la contaminación del Mar Menor. Aquel año «quedó destapada una tubería longitudinal; la vio una guarda fluvial y nos dio aviso. Entonces mis superiores decidieron inspeccionarla, para ver lo que iba por dentro. Se comprobó que era salmuera y mi jefe, José Manuel R., decidió que se taponase».

La loable reacción de los agentes medioambientales vinculados a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y de sus superiores pronto se vio, sin embargo, frustrada. «Se hizo una contrata para taponar la tubería y unos pocos minutos antes de que se ejecutase llamó alguien a la contrata para que no se taponase. Nos dijeron que (la orden) venía de Presidencia. Fueron cuatro o cinco operarios con maquinaria y el jefe de obra nos dijo que había recibido la llamada desde Presidencia», explicó el testigo. «Yo no tengo conocimiento de que en otras ocasiones se haya parado una obra de sellado», confesó.

En ese momento, cuando se produjo esa supuesta actuación entorpecedora de una medida dirigida a frenar los vertidos que acababan en el Mar Menor, el cargo de presidenta de la CHS lo estaba desempeñando Rosario Quesada, quien ya se encuentra investigada en la causa, denominada 'caso Topillo', que busca establecer posibles responsabilidades penales por la grave degradación ambiental de la laguna.

«La situación era muy grave; mi impresión es que todos los agricultores tenían su desalobradora»

Seguidamente, el testigo explicó que su compañero, otro agente medioambiental que también tendrá que prestar declaración, ya le había advertido de que cuando entró en la CHS el entonces comisario de Aguas le comentó «que dejara estar el tema de las desaladoras» agrícolas presuntamente ilegales, que se contaban por cientos en las inmediaciones del Mar Menor.

«La situación era muy grave: había una red de desaladoras ilegales. Mi impresión es que todos los agricultores tenían su desaladora», aseguró. Y señaló que en la rambla del Albujón había «dos tuberías naranjas que acababan cien o doscientos metros antes de la desembocadura», por la que en apariencia se vertía la salmuera procedente de toda esa red de canalizaciones ilegales. «Esa red estaba deteriorada y a veces desbordaba, al menos en la zona de la rambla del Albujón», indicó.

«Las instalaciones estaban ocultas en casetas con las ventanas tapiadas; incluso encontramos una enterrada por completo»

Este empleado de la CHS indicó a preguntas del magistrado y del fiscal Miguel de Mata que en el 2011 la prioridad del organismo de cuenca eran los regadíos ilegales, y que respecto de las desalobradoras clandestinas no se hizo nada hasta 2013. «A partir de ese año nos encargaron unas inspecciones, partiendo de unos listados, para comprobar si seguían existiendo esas desaladoras y ver a dónde iban los vertidos. Estuvimos desde enero o febrero de 2013 hasta junio. Hicimos 40 o 50 informes. La actitud de los agricultores era colaboradora, no agresiva, porque no sabían el fin de la inspección».

Relató que hubo «una segunda tanda de inspecciones, desde enero o febrero de 2014. Pusimos los hechos en conocimiento del comisario de Aguas porque vimos que en el segundo semestre no se estaban continuando las inspecciones».

Sobre este encuentro, indicó que fueron los agentes medioambientales quienes reclamaron su celebración «y manifestaron tener conocimiento de un listado de unas 500 desaladoras».

Lo que se encontraron fue con un gran número de instalaciones ilegales, camufladas de todas las formas posibles. «Las desaladoras estaban ocultas, no se veían. Supongo que sería porque eran ilegales. Estaban en casetas cerradas, incluso con las ventanas cerradas. También las tenían instaladas en contenedores de barcos. En agosto de 2017 incluso encontramos una desaladora completamente enterrada en un contenedor».

Sobre las zonas a las que iban a parar los sobrantes de esas instalaciones, el agente señaló que acababan en el Mar Menor, a través de las ramblas del Albujón y Miranda. «Nosotros anotábamos lo que nos decían los agricultores, porque las tuberías estaban enterradas y no teníamos manera de saber, en la mayoría de las ocasiones, dónde vertían».