Funcionarios de Ceutí sostienen que en el Ayuntamiento «nadie ordenaba un pago si no era Hurtado»
Trabajadores municipales confirman que en el expediente vinculado al proyecto del polideportivo faltaban algunos trámites a los que obliga la ley
La Audiencia Provincial de Murcia reanudó este martes el juicio contra Manuel Hurtado, quien fue alcalde socialista de Ceutí durante 30 años y a quien la Fiscalía y la acusación popular -que ejerce el PP- reclaman penas de dos años y medio de prisión por presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental. En el llamado 'caso Polideportivo', Hurtado está acusado de haber adjudicado verbalmente las obras del polideportivo José Antonio Camacho, por importe de 1,9 millones de euros, sin haber seguido ni uno solo de los trámites a los que obliga la ley sobre contratos públicos.
Después de que el antiguo primer edil ofreciera su testimonio la semana pasada, cuando vertió la responsabilidad de la tramitación del expediente sobre los técnicos municipales, en esta sesión comenzaron a declarar los testigos del proceso. El tribunal escuchó este martes las palabras de la secretaria accidental del Ayuntamiento de Ceutí en 2007 quien explicó que, al ser requerida por el juzgado, buscó la carpeta del expediente y que en éste no constaba el pliego de condiciones del proyecto ni otros tantos trámites administrativos de los obligados por la legislación sobre contratos públicos. «Yo remití lo que encontré en el archivo», incidió esta funcionaria, que llegó al Consistorio una vez que este proyecto ya había sido tramitado. A preguntas de la defensa, la testigo reconoció que en ese momento todos los expedientes estaban en papel y que no estaban informatizados.
El representante del Ministerio Fiscal ya puso de relieve, en la primera sesión de esta vista, que varios técnicos municipales reconocieron, durante la investigación judicial, que las obras, que supusieron una inversión de 1,9 millones de euros, se realizaron sin contrato ni expediente alguno y que incluso el complejo deportivo había sido ya inaugurado cuando se iniciaron los trámites administrativos.
En la sesión de este martes también declaró un trabajador de Tesorería del Ayuntamiento que actuó temporalmente como interventor y que explicó cómo se materializaron los pagos de las facturas vinculadas a este proyecto. «Los pagos los ordenaba el alcalde. Nadie ordenaba un pago si no era el alcalde», remarcó. Este funcionario corrigió a la defensa y especificó que todos los pagos vinculados a este proyecto fueron acordados por Hurtado en 2004.
«Era él quien daba las órdenes»
Las dos primeras en sentarse frente al tribunal este martes fueron las concejalas del PP Adoración Ayala y Beatriz Sandoval, impulsoras de la querella que destapó el 'caso polideportivo'. Ninguna de ellas aseguró recordar la forma en que llegó a sus manos la información que dio el pistoletazo de salida al caso.
Ayala explicó, no obstante, que su formación se decidió a presentar la querella porque «las fechas no concordaban». Remarcó, además, que en las fechas que se indagan desde la oposición «no teníamos acceso a ninguna información». Hizo hincapié, además, en que todos los asuntos de calado que se tramitaban en el Ayuntamiento pasaban por manos de Hurtado. «Era él quien daba las órdenes», remarcó.
Sandoval, por su parte, explicó que «nos extrañó que esa obra no hubiese pasado por Pleno». La exedil, que en aquel momento presidía el PP local, aseguró que no fueron invitadas a la inauguración de las instalaciones. Reconoció, no obstante, que era habitual que no recibiesen invitación para algunos eventos.
