La huelga en los juzgados obliga a aplazar ya más de 2.690 actuaciones en la Región de Murcia
Los letrados de la administración de justicia advierten de que el paro indefinido puede retrasar la sentencia del 'caso Auditorio' y el juicio de 'Novo Carthago'
La justicia murciana, una de las más lentas y colapsadas del país, hace ya balance del impacto de la primera semana de una huelga indefinida que amenaza con convertirse en la gota que colma el vaso. El paro que los letrados de la administración de justicia (LAJ) iniciaron este martes –sin fecha de finalización– ha obligado ya a aplazar hasta 2.698 actuaciones en toda la Región, según los datos facilitados por las organizaciones convocantes. Esas cifras, que tardan algo de tiempo en ser recabadas, no recogen, sin embargo, el impacto que la medida de presión tuvo en los juzgados murcianos este viernes, por lo que el balance global de la semana será aún mayor.
Esta huelga indefinida, convocada por la unión progresista de letrados de la administración de justicia de Murcia (UPSJ), la asociación independiente de letrados de la administración de justicia (AInLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, ha conseguido en sus cuatro primeros días de andadura un elevado seguimiento. Fuentes de la UPSJ explican que a lo largo de la semana el paro ha sido secundado por entre el 74% y el 76% de los letrados de la administración de justicia (LAJ) que estaban en activo cada día.
Los ánimos del colectivo ya estaban caldeados cuando se optó por interrumpir sine die la labor que estos profesionales desarrollan y que resulta crucial para que el día a día de los juzgados siga saliendo adelante. Los LAJ, antes de plantarse con esta contundente medida de presión, ya habían realizado varias jornadas de paro previas –con un seguimiento, en algunas ocasiones, de hasta un 90%– para protestar contra la paralización de los acuerdos a los que habían llegado con el Ministerio. El colectivo reclama, entre otras cuestiones, una mejora salarial equivalente al aumento de la carga de trabajo que sufrieron hace años sin que entonces se les compensara.
La ausencia de estos profesionales en sus puestos de trabajo ha obligado, a lo largo de la semana, a aplazar cientos de actuaciones judiciales, como vistas, declaraciones, audiencias previas... en todos los partidos judiciales de la Región. Los pasillos prácticamente vacíos fueron la tónica en los juzgados a lo largo de la semana. El martes, durante la primera jornada de este paro, 770 actuaciones se quedaron en el tintero, según los datos facilitados por las organizaciones convocantes. El miércoles la cifra se rebajó a 495, pero el jueves fue de 1.433. El global de actuaciones suspendidas –a falta de las cifras del viernes– es cercano a las 3.000.
«No esperábamos esa posición y actitud del Ministerio de hacer como que no pasa nada», remarca María del Mar Garcerán, delegada territorial de la UPSJ. «No podemos entender que hagan como que no pasa nada mientras la justicia se encuentra un día tras otro completamente paralizada». La representante de esta organización, una de las convocantes del paro, critica que Justicia no haya movido ficha a lo largo de esta semana para tratar de solucionar este conflicto que, lamenta, tiene un perjuicio directo en el ciudadano. «No ha llamado al comité de huelga», incide. «La justicia de base le da igual».
Impacto al 'Topillo'
Más allá de los procedimientos judiciales más corrientes, esta huelga podría afectar también a algunos de los casos más mediáticos y que han supuesto en algunos casos años de trabajo de las oficinas judiciales. Las organizaciones convocantes recordaron que a finales de febrero está previsto que arranque el juicio del 'caso Novo Carthago', con una veintena de sesiones y más de 40 testigos, entre ellos un expresidente de la Región, una exalcaldesa de Cartagena y varios de los entonces concejales. Si para entonces se mantiene la huelga, al estar fuera de los servicios mínimos, el juicio podría no celebrarse, lo que, advirtieron los letrados de la administración de justicia, «obligaría a la oficina judicial a iniciar de nuevo todos los trámites de gestión de la nueva vista oral que, por su complejidad y número de sesiones, difícilmente podría celebrarse antes del año 2025 o 2026».
'Novo Carthago' no es el único gran caso que podría acabar en el cajón a la espera de que se solucione este conflicto. La sentencia del 'caso Auditorio', que sentó en el banquillo al expresidente regional Pedro Antonio Sánchez, también podría verse aplazada por este paro. La resolución, una vez dictada y firmada por los magistrados, debe publicarse y notificarse por el letrado de la administración de justicia.
También están pendientes de incoación, recuerdan las organizaciones convocantes, las diligencias conocidas como 'caso Topillo' –en el que se investigan delitos contra el medio ambiente por la degradación «irreversible y catastrófica» del Mar Menor– después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia dictara auto de apertura de juicio oral, trámite que la ley atribuye a estos profesionales –antes conocidos como secretarios judiciales–.
