Una huelga indefinida amenaza desde hoy con paralizar los juzgados de la Región de Murcia

Los juzgados de la Región comenzarán a hacer frente, a partir de hoy, a un nuevo obstáculo. Los letrados de la Administración de Justicia –antes conocidos como secretarios judiciales–, piezas claves en el engranaje del sistema, iniciarán este martes una huelga indefinida que amenaza con paralizar 'sine die' la actividad de los tribunales.

La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia de Murcia (UPSJ), la asociación independiente de letrados de la Administración de Justicia (AInLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia convocan esta movilización a nivel nacional para protestar contra la paralización de los acuerdos a los que habían llegado con el Ministerio. El colectivo reclama, entre otras cuestiones, una mejora salarial equivalente al aumento de la carga de trabajo que sufrieron hace años sin que entonces se les compensara.

Antes de iniciar esta huelga indefinida, este colectivo trató la semana pasada de quemar su último cartucho enviando una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En la misiva los tres colectivos convocantes advertían de que esta medida de protesta «tiene un impacto directo global en los ciudadanos, en las empresas y en todos los operadores jurídicos que se relacionan con este servicio público». En este punto, recordaban que la intervención de los letrados de la administración es «imprescindible» para que salga adelante buena parte de la actividad de los tribunales del país.

El secretario de Estado de Justicia, Antonio 'Tontxu' Rodríguez, aseguró, sin embargo, este lunes que esta huelga es «política» y «sin finalidad profesional alguna», denunciando «que quiere perjudicar a los ciudadanos». «Es una huelga contra el pueblo», recalcó, al tiempo que criticó la actuación de las asociaciones convocantes y solicitó a los letrados de la administración de justicia (LAJ) que no secunden el parón.

Hasta el 90% de estos profesionales han llegado a secundar alguna de las jornadas de paro convocadas hasta el momento por este colectivo para forzar al Ministerio a conceder la adecuación salarial que, aseguran, llevan hasta 16 años aguardando.

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