La huelga de funcionarios de Justicia ya ha aplazado 3.000 actuaciones más en la Región
El colectivo, que acusa al Ministerio de postergar intencionadamente la búsqueda de un acuerdo, realiza una sentada a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Murcia
Los juzgados encaran su enésima semana de movilizaciones y los perjuicios cada vez tienen más peso. La cifra de actuaciones aplazadas por el paro que desde el pasado 16 de abril mantienen los funcionarios, uno de los engranajes cruciales dentro de la administración, supera ya las 3.000, según los datos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia.
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Las movilizaciones de este colectivo, que exigen la paralización de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa y una subida salarial similar a la que lograron los letrados de la administración de justicia, los jueces y fiscales, ha conllevado concretamente el aplazamiento de 3.032, 1.989 de ellas juicios.
La situación se ha dejado notar con especial incidencia en los órganos civiles y mercantiles, que han suspendido en las últimas semanas 625 vistas; en los penales, con 489; y en los órganos mixtos, con 391. Además, dejaron de practicarse otras 1.043 actuaciones, como declaraciones o diligencias en los registros civiles.
El impacto de las movilizaciones de este colectivo, que empezó el 17 de abril con paros parciales y endureció el 22 de mayo con paros totales, ha ido a más. Actualmente más de la mitad de las actuaciones que realizan los juzgados de la Región se suspenden por la huelga. La cifra se suma a las más de 13.000 actuaciones que ya quedaron en ‘stand by’ por la huelga que los letrados de la administración de justicia (LAJ) libraron durante dos meses. Este paro amenaza con convertirse en la gota que colma el vaso para una administración que lleva años atenazada por la falta de medios, la elevada litigiosidad y los dilatados tiempos de respuesta.
La cifra se suma a las más de 13.000 actuaciones que quedaron en 'stand by' por la huelga de los LAJ
Los funcionarios han dejado clara su intención de seguir adelante con sus movilizaciones, pese al adelanto electoral. El comité de huelga entiende que «no existe impedimento legal» para que el Gobierno negocie con los sindicatos en aras de «solucionar» el conflicto.
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Los funcionarios afean al departamento de Llop que haya abordado por separado las negociaciones con los diferentes colectivos de la administración, solucionando únicamente los conflictos con los LAj y los jueces y fiscales. «Mientras tanto, el conflicto del resto del personal de Justicia, el que menos cobra y que más trabajadores/as aporta al funcionamiento de este servicio público esencial, ha quedado postergado intencionadamente por el Ministerio de Justicia, sin que hasta ahora tengamos todavía fecha y hora para la primera reunión que pueda poner fin al conflicto de forma dialogada tras más de un mes de huelgas», reza el comunicado.
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