Higinio también apunta a Torregrosa

Higinio Pérez, en primer término, junto a Gabriel Torregrosa y José María Almela, el pasado 5 de noviembre de 2018. / nacho garcía / agm
Higinio Pérez, en primer término, junto a Gabriel Torregrosa y José María Almela, el pasado 5 de noviembre de 2018. / nacho garcía / agm

«Debería haber adquirido los créditos con recursos del club para amortizarlos y eliminar la deuda», indica el letrado Acusa a su excompañero de Consejo de aprovechar su cargo para comprar a su nombre deuda del Murcia

José Otón
JOSÉ OTÓN

Son colegas de profesión y compartieron Consejo de Administración durante tres meses, pero Higinio Pérez no ha tenido miramientos a la hora de señalar a Gabriel Torregrosa ante la Fiscalía, en la denuncia que ha presentado contra los que fueron dirigentes del Real Murcia entre el 28 de diciembre de 2016 y el 5 de noviembre de 2018. Lo acusa de haberse aprovechado de su cargo para tratar supuestamente de hacer «un negocio privado, comprando deuda concursal que podría ser convertida en capital social, o bien (tratando de) cobrar el íntegro o una parte sustancial de la misma».

Higinio Pérez afirma que Torregrosa y la empresa Plazarte Inversiones, cercana a este, adquirieron dos créditos por una cantidad de apenas cien euros cada uno. Estos, pertenecientes a Gestora Deportiva Murciana (empresa de Jesús Samper que inyectaba dinero en el Murcia como préstamos y que convertía en deuda subordinada), eran de 2.045.926 euros y 91.508. Además, aunque ello no forma parte de la denuncia, Torregrosa ha reconocido a 'La Verdad' que controla cerca de 4,5 millones tras la compra de otros créditos a empresas que fueron de Samper.

Para Pérez, Torregrosa «diseñó una estrategia para la compra de los créditos de las empresas acreedoras del Real Murcia» junto al exconsejero Deseado Flores. Como prueba de ello, ha presentado ante la Fiscalía un correo electrónico del propio Torregrosa, remitido a Flores el 30 de noviembre de 2017, en el que lo insta a «investigar» y «conocer los datos» de firmas acreedoras del Murcia que estuvieran en fase de liquidación, como Desarrollos Nueva Condomina, Gestora Deportiva Murciana, Santa Mónica Sports, Samper y Asociados, Red Carpet Consulting y Agency International Football.

«Cuando lo hice ya no estaba en el Consejo; haré con ella lo mejor para el club», dice Torregrosa

Para el demandante, con este mensaje electrónico queda demostrado que Torregrosa y Flores preparaban «un plan en beneficio propio para hacerse con la deuda concursal de diversas empresas», lo que les llevó a personarse en los procedimientos judiciales de los acreedores para obtener información de créditos y poder adquirirlos. Según miembros del actual Consejo, el club llegó a contratar entonces a dos becarios para contactar con acreedores y comprar su deuda.

Higinio Pérez recuerda que el Real Murcia, para impedir ser liquidado, deberá ahora llegar a un acuerdo con sus acreedores concursales, o con los titulares de los derechos de esos créditos, antes de diciembre de 2019, cuando vence el reconvenio aprobado por Martínez Abarca hace cinco años. Pérez se agarra a la Ley de Sociedades de Capital y sostiene que «es deber de todo consejero cumplir con el deber de lealtad», y que Torregrosa «ha utilizado el cargo de consejero y la información interna para, con recursos económicos del club, obtener la información necesaria para hacerse con créditos y deudas del Murcia», lo que constituiría un supuesto delito de administración desleal. «Los consejeros del Real Murcia deberían haber adquirido dichos créditos directamente con recursos propios del club para amortizarlos y eliminar deuda», reza la denuncia.

Higinio Pérez, en otro punto de su denuncia, también acusa a Torregrosa, al igual que a Raúl Moro, Desdeado Flores y Miguel Martínez, de falsear las cuentas del ejercicio 2016-17, elaboradas en febrero de 2018 y que fueron rechazadas en la Junta del 11 de abril (cuando Gálvez se proclamó presidente), por contener información «no veraz». Según la denuncia, la auditora Pronaudit acreditó «la adulteración de los datos económicos» que avalaron estos cuatro exconsejeros meses antes.

Buenas intenciones

Gabriel Torregrosa se desmarca de la acusación de Higinio Pérez: «No estoy preocupado. Cuando adquirí esa deuda ya no estaba en el club. Era deuda publicada en el BOE a la que cualquiera hubiera tenido acceso. No fue nadie más que yo a la puja», asegura. El exconsejero grana afirma que «utilizaré esta deuda con el mejor interés para el Real Murcia; así lo he hecho saber siempre. No voy a especular con ella ni voy a revenderla. Mi intención es repartirla entre los accionistas en la próxima ampliación», afirma. Respecto a las cuentas de 2017, asegura que «Gálvez quitó activos y créditos de cobro, como los derechos de Kike García y Manu Trigueros».

La denuncia asegura que Deseado Flores pagó primas no firmadas en los contratos

La temporada 2016-17 no acabó bien para el equipo grana, que, a pesar del gran desembolso realizado, cayó en la segunda ronda del 'playoff'. Las pérdidas del ejercio fueron de 1,7 millones. Al acabar dicha temporada, la deuda con la plantilla era de 975.026 euros, con unas cuotas pendientes a la Seguridad Social de 358.238, que el club no pagó. La situación de la entidad era grave, aunque consiguió volver a competir un año más.

Dada esa situación y los altos contratos ya existentes, Higinio Pérez no entiende cómo el entonces director deportivo, Deseado Flores, firmó el 2 de octubre de 2017 un reconocimiento de deuda o prima con su plantilla por algo ya conseguido con anterioridad. El importe fue de 90.000 euros, premiando a cada jugador con 3.825 euros (excepto Armando Ortiz, Víctor Curto y David Sánchez, que debían percibir 5.775) por clasificarse para la cuarta ronda de la Copa, objetivo ya logrado el 20 de septiembre, casi quince días antes de la firma de dicha prima.

Según la denuncia de Pérez, Flores «cargó al club, de forma deliberada, con nuevas obligaciones a sabiendas de que estaba en causa de disolución», incurriendo en un presunto delito de insolvencia punible, pues esas cantidades no figuraban en los contratos de los futbolistas.

El abogado también menciona otras primas a jugadores, no recogidas en sus contratos, como los 2.500 euros mensuales de ayuda a la vivienda de David Sánchez, «cantidades no pactadas en los contratos y desorbitadas para Segunda B». O para Víctor Curto, al que Deseado Flores, además de pagarle 1.818 euros por ayuda a la vivienda, premió de forma adicional con 30.000 euros por jugar 30 partidos, cantidad no recogida en el contrato inicial. Para Higinio Pérez, «dichas ayudas, inexistentes y en metálico», constituyen administración desleal, insolvencia punible y corrupción en los negocios.