Hallan un revólver y otras armas ilegales en la residencia de ancianos investigada

Investigadores del Cuerpo Nacional de Policía abandonando el centro, en la noche del martes, con cajas de documentación. / VICENTE VICÉNS / AGM
Investigadores del Cuerpo Nacional de Policía abandonando el centro, en la noche del martes, con cajas de documentación. / VICENTE VICÉNS / AGM

Los agentes localizaron también dos pistolas de descargas eléctricas y un lanzabengalas, por lo que el juez amplía el caso a un delito de tenencia ilícita

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

La Policía Nacional encontró en la tarde del martes diversas armas ilegales durante el registro en una residencia de ancianos, situada en la calle San Antonio de Murcia, que está siendo investigada por presuntos tratos vejatorios a sus residentes. Fuentes próximas al caso confirmaron a 'La Verdad' que durante el registro de las instalaciones, ordenado por el juez de guardia, los agentes hallaron al menos un arma de fuego, en concreto un revólver, para el que los propietarios del inmueble no dispondrían de la preceptiva licencia, así como dos pistolas Taser, que producen descargas eléctricas de gran potencia y cuya posesión está prohibida por la legislación española. Igualmente, habrían encontrado un lanzabengalas, de los utilizados para emitir señales de auxilio desde embarcaciones, pero que pueden convertirse en un arma mortífera en el caso de que el proyectil impacte contra una persona a escasa distancia.

En tales circunstancias, y debido a que la orden de registro había sido expedida solamente para buscar pruebas de trato vejatorio a los ancianos, posibles intentos de estafa y coacciones, los especialistas del Cuerpo Nacional de Policía se vieron obligados a ponerse en contacto nuevamente con el juzgado de guardia para que ampliara el objeto de la investigación y evitar así que el posible nuevo delito descubierto, el de tenencia ilícita de armas, pudiera quedar libre de ser perseguido por una cuestión formal. El magistrado consideró justificado ampliar la investigación a ese nuevo tipo penal.

Hasta el momento no ha trascendido quién es el propietario del arma de fuego y de los otros artefactos ilegales. La Policía Nacional tendrá que someter ahora el revólver a pruebas periciales con el fin de comprobar si se encuentra en buen estado de funcionamiento y de ser así, y si su dueño no puede acreditar que dispone de las autorizaciones pertinentes, ello daría lugar a una investigación por tenencia ilícita de armas.

Expediente de la Comunidad

Mientras tanto, la Comunidad Autónoma ha abierto un expediente para conocer la situación real y administrativa de la residencia de ancianos. No obstante, el presidente regional, Fernando López Miras, indicó ayer, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que este centro «no es una residencia y no tiene ninguna relación con la Comunidad. La Administración ya apercibió a las instalaciones porque se anunciaban como residencia, cuando no lo eran, y en diciembre se llevó a cabo una inspección en la que se comprobó que no tenían residentes, que es lo que nos correspondía», apostilló. «Debe entrar de oficio la autoridad competente, policial o judicial».

El jefe del Ejecutivo regional explicó que la Comunidad ya había apercibido a esta empresa en varias ocasiones por publicitarse como residencia cuando no lo es, ya que no está inscrita en el registro de entidades, centros y servicios sociales, requisito imprescindible para ello. Al no desistir de esa publicidad, la Comunidad Autónoma sancionó al centro por una falta grave y le interpuso una multa de 3.000 euros.

La actuación de la Policía contra este inmueble, que venía funcionando presuntamente sin licencia y bajo la denominación Institución López y Espejo (ILP) Senior Club, se centra en presuntos tratos vejatorios, estafa y coacciones. Está siendo coordinada por agentes de la Unidad de Familia y Apoyo a la Mujer (UFAM) y de Delitos Económicos (UDEF).

La entrada y registro de esa residencia de ancianos hizo posible que los familiares de algunos de los internos pudieran contactar con ellos y, en algunos casos, los sacaran del inmueble por temor a que estuvieran recibiendo un trato inadecuado, como ya ha denunciado en comisaría al menos uno de los parientes.

La pista del dinero

Con todo, según fuentes próximas a la investigación, las gestiones policiales se centran fundamentalmente en determinar de qué forma estaban cobrando los dueños de la residencia los servicios de alojamiento y manutención, sobre todo después de que surgieran sospechas que apuntaban a que una de las ancianas podía haber sido medicada y conducida posteriormente hasta un banco para que sacara de sus cuentas una cantidad cercana a los 40.000 euros. Los agentes han intervenido abundante documentación, que será ahora analizada de manera exhaustiva para establecer si han podido producirse irregularidades en la gestión de los fondos de los ancianos.

Por lo que se refiere a las sospechas sobre presuntos tratos vejatorios a los mayores, lo que motivó que junto a los policías se sumaran miembros de los servicios de asistencia social municipales (Semas), el martes no fue posible constatar que se estuvieran produciendo. La entrada en el inmueble se demoró durante horas ante la negativa de los propietarios a facilitar el acceso y por la necesidad de acudir al juzgado en busca de una orden de entrada en las viviendas. Todo ello habría posibilitado que cualquier posible deficiencia en la atención, como la falta de aseo o en la ropa que se les facilita, pudiera haber sido subsanada.

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