Hacienda pretende requisar a Canales del Taibilla 157 millones para los gastos de la pandemia
La Mancomunidad se niega alegando que necesita esos fondos para pagar el agua desalada y las obras de urgencia; aún no ha entregado el dinero
La decisión del Gobierno de la nación de requerir los remanentes de crédito y ahorros de los ayuntamientos para hacer frente a los gastos ... de la Covid también alcanza a los organismos autónomos y entidades del sector público estatal, de tal forma que el Ministerio de Hacienda ha requerido y apremiado a la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) para que le entregue 157 millones de euros que tiene en la hucha para hacer frente al coste del agua desalada. El Ministerio también requirió unos 200 millones de euros al Puerto de Cartagena, pero este organismo estatal ha podido evitar el pago argumentando que ese dinero está destinado a la ampliación de las instalaciones portuarias.
La Mancomunidad aún no ha transferido el dinero y espera la decisión final del Gobierno central. Es un organismo estratégico dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, encargado del suministro a casi 3 millones de habitantes de la Región, Alicante y Albacete. La mayor parte del dinero que le reclama el Ministerio está destinado y provisionado para pagarle a Acuamed el agua desalada. Con este colchón financiero, la MCT ha podido mantener la tarifa que factura a 80 ayuntamientos, evitando que se incrementara el precio para los usuarios, quienes ya pagan el agua más cara de la península. El requerimiento del Ministerio puede afectar al equilibrio financiero de la Mancomunidad, ya que este organismo debe disponer de la suficiente liquidez para hacer frente a continuas obras de renovación, mejora y reparación de instalaciones, además de su programa de inversiones para mejorar y garantizar el suministro.
La tarifa de agua que paga la población no se ha encarecido gracias a las reservas financieras de la Mancomunidad
Informe de la Intervención
El organismo que dirige Francisca Baraza se opuso al requerimiento de la ministra María Jesús Montero, a través de un informe de la intervención delegada, en el que señala que el remanente real es de 11,7 millones, ya que existen obligaciones de pago con Acuamed que se deben atender, según los documentos a los que ha tenido acceso LA VERDAD.
La orden para transferir ese dinero procede de la ministra y está respaldada por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Tanto es así que esta última se dirigió al subsecretario del Ministerio para la Transición Ecológica para que la Mancomunidad haga efectivo el pago. Se ha llegado a esta situación después de un informe de la Intervención General del Estado que desestimó las alegaciones presentadas por la Mancomunidad de Canales del Taibilla.
La Intervención sostiene que el remanente de tesorería constituye un recurso presupuestario, y que se trata de una liquidez disponible. En concreto, el Ministerio de Hacienda estima que el remanente de la Mancomunidad es de 215 millones, de los cuales requiere 157 para dotar el Fondo de Contingencia con el que hacer frente a los gastos generados por la crisis sanitaria.
La intervención delegada de la MCT argumentó que el remanente real es de 11,7 millones, ya que debe atender tres convenios de suministro de agua para la población suscritos con Acuamed (la sociedad estatal que construye las desaladoras y vende el agua) por valor de 93 millones de euros. Asimismo ha provisionado otros 46,3 millones por otras facturas de Acuamed derivadas de los costes de desalación, las cuales están pendientes de un litigio entre ambos organismos.
La ministra Montero también requirió su remanente al Puertode Cartagena, quepudo esquivar el pago
Baraza: «Necesitamos el dinero»
Francisca Baraza dijo ayer que el Taibilla presta «un servicio básico a casi 3 millones de personas. Somos un organismo autónomo que solo se financia con lo que pagan los ayuntamientos». Precisó que el remanente es ficticio porque una parte se adeuda a Acuamed, y que hay otros créditos y compromisos que atender.
En estos momentos y después de los informes, el Ministerio está estudiando la situación. «No ha respondido ni sí ni no. Entiendo que la argumentación que expusimos tiene el suficiente peso. Debemos tener un cuello, un margen para atender cualquier situación. Imagine que no tenemos agua del Trasvase y hay que incrementar el coste de la desalación. Eso supone un dinero que hay que tener en reserva. Creo que estos argumentos han servido para que al menos hasta ahora no nos hayan exigido el cumplimiento de esa orden», dijo.
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