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Dotaciones de la Guardia Civil en una finca agrícola de Avileses, en busca de desaladoras ilegales.

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Dotaciones de la Guardia Civil en una finca agrícola de Avileses, en busca de desaladoras ilegales. ANTONIO GIL / AGM

Decenas de desaladoras ilegales seguían causando vertidos al Mar Menor

La redada de la Guardia Civil constata el uso de instalaciones sin autorización en fincas agrarias del Campo de Cartagena

Miércoles, 3 de abril 2019, 03:06

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Dos años de investigación judicial, con el precedente de varias decenas de plantas desalinizadoras ilegales precintadas y otros tantos agricultores encausados; una comisión de investigación impulsada desde la Asamblea Regional; interpelaciones y explicaciones que dar ante los parlamentos español y europeo; protestas vecinales; daños incalculables al sector turístico y a la imagen de la Región; la amenaza de rechazo a las exportaciones del sector hortofrutícola..., al margen del hecho, ya extremadamente grave, de que la supervivencia de una de las joyas medioambientales de la Región se encuentre seriamente comprometida. Pues bien, todo ello no parece haber servido para que propietarios y gerentes de algunas grandes explotaciones agrícolas del entorno del Mar Menor se hayan concienciado -o, cuando menos, escarmentado- y hayan erradicado en la medida de sus posibilidades los vertidos a la laguna costera. «Parece que sigue primando el beneficio económico por encima de cualquier otra consideración», se lamentaba ayer un alto responsable de la Administración de Justicia en la Región, después de que una operación desarrollada por la Guardia Civil haya puesto de relieve que hasta medio centenar de fincas seguían utilizando desaladoras ilegales y, con ello, generando vertidos susceptibles de acabar en el Mar Menor.

Fuentes próximas a esta investigación explicaron que la macrorredada, en la que han tomado parte un centenar de guardias civiles, con el apoyo de agentes medioambientales y guardias fluviales de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), se enmarca en el llamado 'caso Topillo', que se abrió en 2017 para tratar de depurar responsabilidades penales por la degradación de la laguna costera.

Si en un primer momento se efectuaron una treintena de intervenciones contra plantas desalobradoras que funcionaban irregularmente en la comarca del Campo de Cartagena, el avance de las diligencias judiciales y el análisis de la documentación intervenida en varios registros han permitido identificar otro cerca de medio centenar de explotaciones agrarias que, según todos los indicios, seguían usando clandestinamente ese tipo de plantas.

Una veintena de propietarios de explotaciones agrarias del Campo de Cartagena tuvieron que comparecer ayer en la Comandancia, asistidos por sus abogados, para prestar declaración

Especial trascendencia ha tenido el material intervenido en la empresa Insal Electricidad y Automatismos SL, que fue registrada por agentes del Seprona (Servicio de Protección a la Naturaleza) en febrero de 2018 por sospechar que se estaba dedicando a la fabricación e instalación de plantas desaladoras para las que no existía autorización. El análisis de las facturas y de los listados de clientes de esa firma habría conducido ahora a identificar a varias decenas de fincas que habían adquirido esa tecnología y que, en apariencia, no renunciaron a utilizarla para obtener caudales de agua de los acuíferos subterráneos.

Un grupo de personas llegando a la Comandancia, donde fueron citados los agricultores.
Un grupo de personas llegando a la Comandancia, donde fueron citados los agricultores. NACHO GARCíA / AGM

El principal problema de esa actividad estriba en que el rechazo de estas plantas, consistente en grandes cantidades de salmuera y nitratos, acaba siendo vertido en muchos casos de nuevo al subsuelo, a través de pozos; a balsas sin impermeabilizar; a tuberías que desembocan en ramblas o, directamente, a esas mismas ramblas, como la del Albujón, que terminan en el Mar Menor.

Incautación de ordenadores

La intervención de los agentes, que se ha desarrollado a lo largo de toda la jornada del lunes y del día de ayer y que ha contado incluso con el apoyo de un helicóptero, se ha centrado en tratar de recabar todas las pruebas posibles sobre la actividad de esas instalaciones irregulares. De ahí que hayan prestado especial atención a la intervención de los dispositivos informáticos que sirven para hacer funcionar esas desaladoras, pues están convencidos de que con su análisis obtendrán valiosa información sobre su tiempo de uso y volúmenes de agua desalinizada, entre otros parámetros.

Una vez precintadas estas plantas, los especialistas de la Guardia Civil procedían a citar formalmente a los responsables de estas explotaciones para tomarles declaración en la Comandancia de Murcia, asistidos por sus abogados, como presuntos implicados en un delito contra el medio ambiente. Ayer por la mañana fueron más de una veintena los agricultores de la comarca de Cartagena que tuvieron que pasar por ese trance. Algunos de ellos se acogieron a su derecho a no declarar, según fuentes próximas a esta operación policial.

Mientras unos agentes se dedicaban a tomar manifestación a los sospechosos identificados el lunes, un amplio dispositivo seguía entrando en explotaciones de Avileses, La Puebla, Balsicas... en busca de otras instalaciones desaladoras, algunas de las cuales se han llegado a encontrar camufladas en contenedores e incluso ocultas bajo tierra.

«Tenía un pozo negro»

El presidente de COAG en el Campo de Cartagena, Vicente Carrión, sostuvo ayer que «la Guardia Civil no está encontrando ni una sola desaladora ilegal» y aseguró que se habían dado casos difícilmente justificables, «como el de un agricultor que ha sido llamado a declarar solo porque tenía un pozo negro en su casa». Respecto de la intervención realizada en una explotación perteneciente al representante de COAG en Torre Pacheco, Juan Luis Sánchez Garre, afirmó que «tiene permiso para utilizar la desaladora, pero parece que no para almacenar el rechazo en una balsa, aunque eso no deja de ser una cuestión meramente administrativa». Carrión calculó que las autoridades deberían autorizar el uso de esas instalaciones en unas 600 fincas agrícolas de la comarca del Campo de Cartagena para dar respuesta a las necesidades de agua.

Toda la operación policial desarrollada a lo largo de estas dos jornadas ha sido coordinada e impulsada por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Ángel Garrote, y por el fiscal delegado de delitos urbanísticos y contra el medio ambiente, Miguel de Mata.

El 'caso Topillo' mantiene investigados hasta el momento a una treintena de agricultores -a los que previsiblemente habrá que sumar varias decenas más de los señalados esta semana- y antiguos altos responsables de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y de la Consejería de Agricultura, a los que se acusa de inacción a la hora de actuar contra los vertidos.

Tras la pista de la empresa que dotaba de plantas a las explotaciones

En la mañana del 27 de febrero de 2018, agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil penetraron en las instalaciones de la empresa Insal Electricidad y Automatismos SL., con sede en Balsicas, y según fuentes próximas a la investigación se incautaron de gran cantidad de documentación. En su auto de entrada y registro, la entonces juez instructora, Miriam Marín, puso de relieve que operarios de esa empresa habían sido sorprendidos por la Guardia Civil el 1 de julio de 2017 cuando transportaban en un camión una máquina desalobradora, que fue descargada en la llamada finca Chando. Seguidamente, los agentes realizaron una inspección en otra finca agrícola, sita en el paraje de la Casa del Pino, y descubrieron otra desaladora, supuestamente ilegal, oculta en un contenedor soterrado y que habría sido instalada por Insal. El rechazo de esa desaladora iba a parar a una balsa no impermeabilizada. En base a estos datos, la juez Marín consideró que existían indicios de que «Insal puede estar dedicándose a la construcción de desalobradoras ilegales y a su posterior venta e instalación en parcelas agrícolas». Ya en aquel momento este periódico advirtió que la Guardia Civil esperaba obtener valiosos datos de la documentación decomisada. La redada desarrollada en los últimos dos días se deriva, en buena parte, de aquella intervención policial.

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