La guardería de Puerto Lumbreras costó un 173% más que si hubiera sido «de lujo»

Cualquiera podría mantener sin rubor que el Centro de la Mujer y la Escuela Infantil que gestiona el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras disfrutan de unas instalaciones dignas y aseadas, pero no es menos cierto que nadie en su sano juicio las confundiría con el Taj Majal ni con el hotel Palazzo de Las Vegas. Ni siquiera con la residencia de un futbolista de medio pelo, por mucho que se le quitaran los letreros de la fachada. Cuestión distinta es lo que la construcción de tales centros públicos llegara a costar al erario público, pues en eso ya estarían en disposición de rivalizar con inmuebles de mucho más elevado 'standing'.

Un informe pericial incorporado a las diligencias del llamado 'caso Guardería', en el que se investigan un buen puñado de supuestos delitos relacionados con la adjudicación y construcción de esos dos edificios, pone de relieve el desmesurado y aparentemente inexplicable coste que tuvo esa obra, que supera con creces los criterios habitualmente utilizados por el Colegio Oficial de Arquitectos para calificar los proyectos inmobiliarios.

Estas normas orientativas, utilizadas para la redacción de presupuestos de ejecución material de proyectos de construcción, establece que los 406 metros cuadrados del Centro de Atención a la Infancia habrían tenido un coste de unos 204.000 euros si la calidad elegida hubiera sido «alta», mientras que de haber optado por la calidad «lujo» -esto es, empleando maderas especiales, piedra natural, cuidadas terminaciones e instalaciones del máximo nivel- la inversión se habría elevado algo por encima de los 265.000 euros.

Pues bien, según el mencionado informe realizado por un experto del Colegio de Arquitectos, el coste de la citada guardería ascendió a 664.521 euros, lo que supone un 173,5% más que la calidad «lujo» y, por tanto, una aparente desviación de 339.000 euros.

Por lo que respecta al Centro de la Mujer, con una superficie construida de 279 m2, el desvío presupuestario sobre los parámetros del Colegio de Arquitectos habría alcanzado los 155.000 euros, según se recoge en la querella presentada por la Fiscalía Superior. Eso significa que el dinero público supuestamente desviado a otros fines distintos a la construcción se habría elevado, entre una y otra obra, hasta los 499.223 euros en la hipótesis más favorable.

Teniendo en cuenta que los mármoles, los granitos, el ébano y el nogal no se aprecian por lado alguno en esas dependencias municipales -tampoco hay grifos de oro, al estilo de algunas mansiones que se construían en tiempos relevantes empresarios ilicitanos del calzado-, la Fiscalía considera «lícito y lógico preguntarse: ¿A dónde fue a parar ese dinero que no responde a obra construida?».

Esta es una de las cuestiones -posiblemente la más complicada- a las que tratará de dar respuesta la investigación que ha iniciado el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lorca, a cuyo frente está la magistrada Consuelo Andreo. Las diligencias previas se dirigen contra el exalcalde lumbrerense y expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez, dos altas funcionarias municipales y el representante legal de la constructora Urdecón por supuestos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones y falsedad documental.