Los grupos ecologistas acusan al Gobierno autonómico de desmontar la política ambiental

El decreto que modifica la ley de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia ha sido la gota que ha colmado el vaso para las principales organizaciones ecologistas de España, que denuncian la desprotección y el desmantelamiento de la política ambiental que lleva a cabo el Gobierno regional. Sostienen que «escudándose» en la crisis sanitaria, el Ejecutivo ha aprobado dos decretos que modifican las leyes de vivienda, puertos, suelo y esta última de protección ambiental.

En un comunicado, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF se muestran «profundamente alarmadas» por los cambios legislativos y sostienen que ambos decretos, que están vigentes y a expensas de su trámite parlamentario como proyectos de ley, «permiten un aumento significativo de la contaminación y de los residuos, al tiempo que facilitan nuevos crecimientos urbanísticos. Lejos de beneficiar al interés público, lo que hacen es favorecer intereses privados, perjudicando el medio ambiente y la salud pública del conjunto de la sociedad murciana». Recuerdan que los gobiernos de Andalucía, Madrid, Galicia, Baleares y Cataluña también han anunciado o aprobado reformas legales similares, «usando la pandemia como excusa».

Entre los cambios negativos de la ley regional de Protección Ambiental, destacan que «se permite aumentar hasta un 30 % el consumo de recursos naturales, la producción de residuos, la generación de vertidos y emisiones y en general la contaminación, sin evaluación ambiental alguna. Un retroceso intolerable cuando la tendencia debería ser ir hacia una economía más descarbonizada, menos contaminante y más sostenible», señalan.

Consideran, asimismo, que hay una reducción de controles y de las garantías de evaluación adecuada y suficiente, «al disminuir los periodos de consulta y de información pública, y al ofrecer autorizaciones exprés en 30 días a las modificaciones y ampliaciones de las instalaciones que consideren como 'no sustanciales'». Creen que esto dará lugar a «autorizaciones apresuradas que aumentarán el descontrol, la contaminación y otros impactos».

A juicio de las organizaciones ambientalistas, los cambios legislativos aprobados en la Región «favorecen los beneficios privados a corto plazo a costa de eliminar una parte sustancial de los controles ambientales existentes, que son ya muy insuficientes, lo que tendrá muy negativas consecuencias ambientales, sociales, económicas y de salud pública». Sostienen que «el colapso ecológico del Mar Menor es un magnífico ejemplo de estas dinámicas: primar el beneficio privado empresarial no genera mayor riqueza y bienestar para el resto de la sociedad; al contrario, los problemas ambientales que se originan al final repercuten sobre la ciudadanía y otros sectores socioeconómicos, generando un perjuicio colectivo mayor».

Concluyen que el Gobierno regional «sigue ahondando en un modelo económico contaminante y de gran impacto ambiental y social, en un contexto en el que la amenaza del cambio climático está llevando a muchos países a cambios hacia modelos económicos menos contaminantes y más sostenibles».