A grandes males, grandes remedios

El otro paso lo ha dado el secretario del PSRM, Diego Conesa, con la proposición no de ley que plantea abiertamente un plan de reconversión agraria del Campo de Cartagena, que debe ser impulsado por el Ministerio y la Comunidad «para la progresiva transformación de la actividad agrícola en la cuenca del Mar Menor». Son palabras mayores, que encajan con la estrategia de la ministra Teresa Ribera y de Hugo Morán. Significa abrir del todo la caja de los truenos, sin olvidar que los regadíos del Trasvase están declarados de interés nacional. El portavoz de Ciudadanos considera «razonable» esta propuesta, aunque insiste en que la agricultura y la albufera son compatibles. Hace años se viene insinuando un cambio de modelo para el regadío del Levante, con cuidado de no matar la gallina de los huevos de oro. Esta propuesta socialista a tumba abierta, centrada en el Campo de Cartagena, tiene un doble contexto: va asociada a la gravedad del Mar Menor, y llega cuando el sector agroalimentario se ha mostrado de nuevo como tabla de salvación en la crisis sanitaria. Atentos a la pantalla...

Parece que en el Partido Popular estaban deseando que Ciudadanos –que a fin de cuentas lleva la batuta– se desmarcara con los 1.500 metros debido al rechazo frontal que esta medida suscita en los agricultores (también los 500). «Es hora de ser valientes», dijo Molina, lo cual recuerda al ADN de Ciudadanos de la anterior legislatura, cuando le torció el brazo al PP limpiando el patio de la corrupción y cambiando la ley electoral. El ambiente no está para bromas ni para cabrear a Ciudadanos más de la cuenta, a la vista de los apoyos de Inés Arrimadas a algunas medidas de Pedro Sánchez. El presidente López Miras declaró recientemente que sus socios de Ciudadanos «son de fiar», pero le van a reventar por el eje del decreto del Mar Menor.

Hablando de decretos, la Consejería de Fomento ha lanzado otro sobre el acceso a la vivienda protegida, que también pone al alcance de las familias con ingresos de hasta 81.500 euros anuales. Sostiene que da respuesta a una demanda social. La polémica (otra) está servida.

Murcia y Cartagena tienen estos días en común las hazañas de los concejales Mario Gómez y José López, en tanto que ambos han sido denunciados por dos altos funcionarios que se sienten víctimas de acoso laboral (en Murcia) y de amenazas y coacciones (en Cartagena). A la espera del resultado de las respectivas investigaciones que se han abierto, resultan poco edificantes, como mínimo, los comportamientos del portavoz murciano de Ciudadanos y del exalcalde de Cartagena (con un amplio historial de andanzas y trifulcas), cuando las denuncias proceden además del jefe de los Servicios Generales y del ingeniero jefe de Infraestructuras, que terminó en el hospital víctima de una crisis nerviosa. Gómez y López, dos temperamentos que se han equivocado de 'profesión'.