Solo dos presos murcianos logran el indulto del Gobierno en los últimos cinco años

En 2020, en un año marcado por la pandemia y el parón administrativo, el único beneficiario de un perdón en Murcia fue Juan Carlos S., al que se le impusieron dos años de cárcel por un delito de hurto. Los hechos, por los que fue condenado en firme en 2015 se produjeron más de una década antes, entre 2003 y 2004. El BOE indica en la resolución que Justicia tuvo en cuenta los informes del tribunal que le sentenció y de la Fiscalía y que los estimó dado que, «atendiendo a las circunstancias del condenado, concurren razones de justicia y equidad». En este caso, la medida de gracia queda condicionada a que el reo no vuelva a cometer ningún delito doloso en un plazo de tres años.

La cifra, aunque exánime, supuso un movimiento tras años de parón. A lo largo de 2018 y 2019, ningún ciudadano de la Región se vio liberado de su deuda con los tribunales. En 2017 el perdón recayó en Felipe S. al que un juzgado de Lorca había condenado, también por hurto, a cuatro meses entre rejas.

Estos dos únicos perdones en un lustro quedan muy alejados de las cifras de indultos que se llegaron a conceder en otros periodos. En 2009, por ejemplo, Justicia dio luz verde a 15 de estas medidas de gracia en la Comunidad. En las dos últimas décadas suman 126 los condenados de la Región que han logrado evitar la prisión con la concesión de indultos, según los datos del BOE. En esta lista no faltan traficantes de drogas, saqueadores de viviendas, empresarios que se las vieron con la Justicia por estafar a sus clientes y algún que otro político procesado por prevaricación.

En toda España, según los datos recabados por la Fundación Civio, se han concedido más de 10.600 indultos desde 1996.

Este descenso en el número de indultos llegó precedido de algunas polémicas medidas de gracia, como la concedida en 2013 a un conductor kamikaze de Valencia, que llegó a arrollar mortalmente a un joven. Uno de los más recordados en la Región es el que se concedió al exalcalde de Fuente Álamo Miguel Pérez Martínez, condenado por el Tribunal Supremo a ocho años y seis meses de inhabilitación. Una inhabilitación que el Gobierno anuló.

Cuando alguien solicita un indulto, Justicia solicita informes a la Fiscalía y al tribunal que le impuso la condena. Estos deben posicionarse a favor o en contra de esta medida. Esos escritos no son vinculantes. El Ministerio puede o no tenerlos en cuenta y llegar incluso a otorgar un perdón con todos los informes en contra. El solicitante puede, además, poner sobre la mesa todos los documentos que considere necesarios para demostrar que merece esta redención: expedientes de buena conducta de Prisiones, papeles que demuestren que tiene un trabajo...