El Gobierno revisará la obligación de cotizar por todos los becarios

El Ministerio de Ciencia se da un plazo de tres meses para negociar la medida, rechazada por las universidades, con la comunidad educativa

LA VERDAD

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades se reunirá con la comunidad educativa con el fin de fijar la regulación del real decreto que incorpora la cotización a la Seguridad Social de todas las prácticas académicas externas. Los rectores de las universidades públicas murcianas y la Consejería de Educación se han pronunciado en contra de la nueva obligación, que calculan tendrá un coste de cuatro millones de euros y retraerá a las empresas que contratan becarios.

Así lo anunciaron ayer fuentes de Universidades después de que la semana pasada la Conferencia de Rectores lamentara en un comunicado «la aprobación sorpresiva» del real decreto y pidiera al Gobierno que abriera un diálogo con las universidades para abordar los cambios.

La disposición quinta del real decreto ley 28/2018 para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes da un plazo de tres meses para ver cómo se regula la obligatoriedad de incorporar al régimen general de la Seguridad Social a los estudiantes que realizan sus prácticas académicas externas, apuntaron las fuentes consultadas. Durante ese plazo de tres meses, se va a estudiar con la comunidad educativa cómo se regula todo ello sin que se pierda «la naturaleza» de las prácticas ni «alterar su desarrollo», recalcaron.

Precisamente para abordar este tema se reunieron ayer el departamento que dirige Pedro Duque y el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Ambos ministerios están de acuerdo en que la finalidad del real decreto es «mejorar las prácticas» y «reforzar» el sistema de protección social de los alumnos que realicen dichas prácticas.

Con la reunión de ayer se da inicio a otros encuentros que tendrán lugar con la comunidad educativa. Desde el Ministerio de Educación, el secretario de Estado, Alejandro Tiana, señaló que también han hablado con Trabajo para reunirse «inmediatamente» y hablar de las prácticas que afectan a los alumnos, en su caso a los de Formación Profesional. Apuntó también que en el plazo de tres meses para el desarrollo del decreto hay tiempo para reunirse y que Educación y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades hablen con Trabajo sobre este asunto. Tiana lo declaró tras asistir a la Conferencia Sectorial sobre la reforma educativa no universitaria del Gobierno, y algunas comunidades de diverso signo han mostrado su interés en que se concrete quién se debe hacer cargo de las cotizaciones a la Seguridad Social de los alumnos que hacen prácticas. Los rectores habían solicitado que este asunto y el desarrollo normativo del real decreto fueran abordados entre el Gobierno y las universidades en una mesa de diálogo.

Quieren que se determine la diferencia entre las prácticas curriculares y extracurriculares, ya que las primeras son una práctica académica obligatoria y se consideran una asignatura más y las segundas tienen carácter voluntario.

 

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