El Gobierno revisará en dos años las normas de explotación del Trasvase

Hugo Morán, junto a miembros de la Asociación de Municipios Ribereños./AMREEB
Hugo Morán, junto a miembros de la Asociación de Municipios Ribereños. / AMREEB

El secretario de Estado avisa de que en 2021 se elevará el caudal ecológico del Tajo, lo que «obliga a repensar» las reglas del acueducto

David Gómez
DAVID GÓMEZ

El Gobierno central revisará en el plazo de dos años las actuales reglas de funcionamiento del Trasvase Tajo-Segura. Así de claro fue el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, durante una visita al entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía, en plena polémica con el Levante por el anuncio de la inclusión de los municipios de la cabecera del Tajo en el órgano técnico que decide los envíos de agua a través del acueducto.

El 'número dos' del Ejecutivo estatal en materia de agua recordó que hasta cinco sentencias judiciales determinan la obligación de dotar al Tajo de un caudal ecológico por encima del actual, algo que «obliga a repensar» toda la normativa de la infraestructura. Así, Morán señaló que se ha encargado un informe al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) con el fin de buscar una fórmula para permitir que en los embalses de Entrepeñas y Buendía haya siempre una lámina de agua razonable que ponga fin al estrés hídrico que, considera, sufren actualmente.

A juicio del secretario de Estado, los fallos de los tribunales señalan «con claridad» que el mecanismo de gestión y planificación con el cual se mantenían los niveles de caudales ecológicos del Tajo no atendían a las exigencias de la directiva marco del agua y que, por lo tanto, deberían ajustarse a las mismas.

Estos posibles cambios en la normativa del Trasvase llegarían con el plan de cuenca del Tajo, que tiene que estar aprobado a finales de 2021 con los caudales ecológicos revisados. En septiembre se abrirá un proceso de consultas públicas, al que seguirá un periodo de participación ciudadana de seis meses. Acto seguido se elaborará el primer borrador del futuro plan de cuenca.

«No es ningún trauma»

Por otra parte, el secretario de Estado de Medio Ambiente entiende que es «de justicia» que los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía estén en los órganos de gestión del Trasvase Tajo-Segura, como ya lo está la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, recordó. Además, apuntó que esta presencia tendría que «satisfacer» al Gobierno de la Región de Murcia y a la Diputación de Alicante, por lo que no debe suponer «ningún trauma».

De esta manera se pronunció Morán en la localidad ribereña de Sacedón (Guadalajara), después de que el pasado lunes el Gobierno regional y la Diputación de Alicante formaran un frente común para impedir que estos municipios ribereños, fervientes antitrasvasistas, estén en la comisión de explotación.

«Lo que se hace es que, igual que la cuenca demandante tiene su representación, que la tenga la cedente. No creo que eso deba suponer ningún trauma ni a un territorio ni a otro», insistió Morán. El dirigente señala como representante del Levante en la comisión técnica a la Mancomunidad de Canales del Taibilla, un organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica que se encarga del abastecimiento de 80 municipios de la Región de Murcia, Alicante y Albacete. Ahora los municipios ribereños se van a constituir en mancomunidad para poder asistir a las reuniones de esta comisión central de explotación al igual que lo hace el Taibilla.

El funcionamiento del Trasvase viene marcado por la ley del Memorándum. Esta establece un caudal mínimo para los pantanos de cabecera de 400 hectómetros cúbicos. Si los embalses almacenan esa cantidad de agua, o más, se pueden autorizar desembalses a la cuenca del Segura. Si se eleva esa barrera, sería mucho más difícil enviar caudales.

Reacción de PP y Compromís

El PP está dispuesto a impedir por todos los medios el acceso de los municipios ribereños a la comisión técnica. La diputada por Murcia Isabel Borrego registró ayer en el Congreso una proposición no de ley instando al Gobierno central a parar cualquier cambio en el marco normativo del Trasvase Tajo-Segura que conlleve cesiones y permita «politizaciones partidistas» de los órganos de gestión. La diputada pidió colaboración a los diez parlamentarios que representan a la Región, especialmente a los tres del PSOE.

Una encendida defensa del acueducto realizó ayer la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana, Mireia Mollà, que pertenece a Compromís. Pidió a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que rectifique su «decisión equivocada» de que los municipios ribereños formen parte de la comisión de explotación del Trasvase y anunció que el Ejecutivo de Ximo Puig tiene decidido acudir a los tribunales si se formaliza esa posibilidad. No obstante, criticó la «demostración de fuerza» que a su juicio trataron de hacer el Gobierno regional y la Diputación de Alicante.

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