La Comunidad rechaza la nueva ley de Empleo de Yolanda Díaz
El Ejecutivo regional denuncia que la norma estatal invade sus competencias y tiene un carácter «ideológico y adoctrinador»
El Gobierno regional ha encontrado un nuevo foco de conflicto con el Ejecutivo de España. El gabinete presidido por Fernando López Miras expresó ayer su rechazo absoluto del anteproyecto de ley de Empleo, una de las medidas estrella de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se aprobó la pasada semana en Consejo de Ministros y se presentó ayer a las comunidades autónomas en la comisión sectorial.
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Murcia se suma al resto de gobiernos regionales del Partido Popular (Galicia, Andalucía, Madrid y Castilla y León), así como a Cataluña, en su oposición a la norma. La directora general del SEF, Marisa López Aragón, representó ayer a la Comunidad en esta comisión sectorial de Empleo y Asuntos Sociales.
La portavoz del Ejecutivo regional y consejera de Empleo, Valle Miguélez, calificó la normativa como «ideológica y adoctrinadora» y denunció que invade competencias de las comunidades autónomas. Por tanto, avanzó que los servicios jurídicos del Ejecutivo regional están valorando ya si el texto que maneja el Ministerio de Trabajo, que ni siquiera ha llegado aún al Congreso, puede ser inconstitucional.
«Desaparece la competencia autonómica para la elaboración por parte de la Comunidad de sus propias políticas de fomento del empleo», manifestó la consejera, que cree que los gobiernos regionales se convertirían «en meros gestores de una planificación estatal». Asimismo, advierte de que introduce «con gran indefinición» a las entidades locales como agentes en el sistema de empleo.
Miguélez lamenta que no ha habido participación de las comunidades autónomas en el proceso de elaboración de la norma, que define como «un nuevo intento del Gobierno nacional de hacer propaganda de su programa político». «Es un texto que ataca al marco estable competencial vigente en materia de empleo, utiliza conceptos indefinidos y generadores de inseguridad jurídica, sin concreción ni dotación de medios económicos. No van a contar con nuestro apoyo ni beneplácito, no vamos a ser cómplices de este adoctrinamiento político enmascarado», advirtió la portavoz del Ejecutivo.
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Un portal de ofertas
El anteproyecto de ley de Empleo en el que trabaja el Gobierno de España plantea la conversión del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en agencia estatal, «que ofrecerá un catálogo de servicios que se centrará en perfiles individualizados y en una tutorización individual de los ciudadanos que recurran a estos servicios». Se prevé contratar a 7.000 tutores hasta 2024.
Otra novedad que contempla el texto es la creación de un gran portal de información de ofertas de empleo, que incluiría las vacantes públicas como las privadas, así como una nueva operativa que incluirá que las empresas informen de sus puestos vacantes a la administración.
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En cuanto a las políticas activas de empleo se incorporan tres tasas: la de empleabilidad, la de intermediación y la de cobertura para monitorizar los parámetros de incorporación de las personas al mercado laboral.
Otros acuerdos
Por otra parte, el Consejo de Gobierno acordó otorgar una subvención por concesión directa al Ayuntamiento de Alcantarilla, por valor de 500.000 euros, para la construcción de un parque urbano inundable. Este servirá, en casos de episodios de lluvias torrenciales, como sistema de retención de las aguas procedentes del alivio de la red de alcantarillado y saneamiento del municipio y evitar así su vertido al río Segura.
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Asimismo, el Ejecutivo dio el visto bueno a la firma de un convenio con la Junta de Andalucía para la reintroducción del lince ibérico en la Región. El importe del proyecto asciende a un millón de euros, a invertir por la Comunidad y la Comisión Europea, a través de los fondos Life.
De igual forma, se aprobó conceder una subvención de 700.000 euros para promocionar la marca 'Festivales de la Región de Murcia' y se dio luz verde a un convenio con la Universidad de Murcia para la creación de la Cátedra de Asuntos Europeos.
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La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social aprobó una subvención de 60.000 euros para los colegios de abogados de Murcia, Cartagena y Lorca, con el fin de que presten asistencia letrada gratuita a las víctimas de trata en la Región de Murcia.
Otro acuerdo fue la concesión de una ayuda de 50.000 euros a la Fundación Camino de la Cruz para financiar la señalización del itinerario regional del Camino de la Vera Cruz.
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