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Entre las medidas legales planteadas por el Gobierno regional para impulsar ley de vivienda asequible, dentro del plan anunciado la pasada semana por el presidente, Fernando López Miras, se convierte en un pilar esencial «el incremento de la oferta de suelo urbanizado para destinarlo a vivienda protegida con carácter urgente y transitorio». Y entre ellas destaca la adecuación de locales o edificaciones con uso predominante terciario a uso residencial.
Así lo expuso ayer el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, en su reunión con el presidente de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción (Frecom), José Hernández, enmarcada en la ronda de contactos para impulsar dicha normativa regional.
La medida se materializaría con la introducción de un régimen especial de cambio de uso en el futuro decreto ley de Vivienda Asequible de la Región de Murcia, tal como reconoció la Consejería en una nota. «La posibilidad de implantación de este uso residencial alternativo al terciario pensamos que tendrá eficacia inmediata desde la entrada en vigor de esta ley y no precisará modificación del planeamiento urbanístico, siempre con una serie de condiciones en las que estamos trabajando», expuso el responsable regional.
También hizo hincapié en que se declararán de urgencia todos los trámites y procedimientos administrativos vinculados a la ejecución de las medidas que se incorporen en el nuevo marco normativo, con el objetivo de «reducir la burocracia a fin de que se agilice al máximo la puesta a disposición de las viviendas». De hecho, supondría «acortar los plazos a la mitad del trámite ordinario actual y con las mismas garantías legales», destacó García Montoro, quien recordó que lo que busca el Ejecutivo es «atender de manera inmediata el problema de acceso a la vivienda de los jóvenes y familias de clases medias».
Esta medida de urgencia paralos expedientes relativos a la vivienda asequible se basa en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que permite «excepcionalmente» no cumplir lo referente al procedimiento ordinario de tramitación.
«Vamos a analizar el texto y haremos las aportaciones oportunas para que sea una realidad lo antes posible», señaló por su parte el presidente de la patronal de la construcción. Además, «hay que trabajar intensamente en lo concreto», ya que «el café para todos no existe», advierte. En suma, «va a ser una apuesta por parte de la federación para colaborar estrechamente con el Gobierno regional para que sea una realidad lo antes posible», añadió Hernández, por ejemplo de cara a evaluar suelos. Por último, destacó la voluntad de flexibilizar las condiciones.
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