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Caravana de protesta de los autobuses escolares, esta semana en Murcia. Nacho García / agm
El transporte escolar amenaza con nuevas movilizaciones

El transporte escolar amenaza con nuevas movilizaciones

El sector califica de «fracaso» su encuentro con el Gobierno regional y lamenta que se haya enrocado en «una posición insensible»

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Miércoles, 23 de junio 2021, 17:11

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Las empresas que prestan el servicio de transporte escolar en los centros públicos de Primaria y Secundaria de la Región continúan en pie de guerra tras el frustrado intento de diálogo con el Gobierno regional. La de este miércoles parecía una buena ocasión para que los ánimos se calmaran tras una escalada de tensión que culminó en la protesta que dejó sin autobús a los alumnos de Primaria y Secundaria de los centros educativos de la Región incluidos en el convenio de la Consejería de Educación y Cultura el pasado lunes, y que estuvo precedida de acusaciones de amenazas desde las empresas de autobuses que señalaban directamente a la Comunidad. Sin embargo, el encuentro entre representantes de la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (Froet) y el Ejecutivo autonómico acabó en naufragio. Froet calificó de «fracaso» la reunión y puso sobre la mesa la amenaza de nuevas movilizaciones.

La patronal del transporte escolar lamentó que el Ejecutivo de la Región «se ha enrocado» en una posición «insensible y cerril» que hace «imposible» un acuerdo entre las partes.

La reunión, que duró dos horas y media, contó con la asistencia del presidente de Froet, Pedro Díaz Martínez, y del presidente y del vicepresidente de la Sección de Viajeros de Froet, Juan Jesús Martínez Sánchez y Juan Francisco Gómez Romera, respectivamente, mientras que por parte de la Comunidad asistieron la consejera de Educación y Cultura, María Isabel Campuzano, y el consejero de Presidencia, Turismo y Comercio, Marcos Ortuño, que se unió más tarde.

«Actitud soberbia»

Las empresas del sector reiteraron a la Administración su exigencia de que «cumpla el compromiso adquirido el pasado otoño para prorrogar el actual convenio marco, así como el pago de indemnizaciones a las empresas de autobuses afectadas por el cierre de los colegios durante el estado de alarma, y a las compañías de autocares turísticos su inclusión entre los beneficiarios que pueden optar a las ayudas Covid-19 para ese sector».

El secretario de Viajeros de Froet, Antonio Torres, lamentó que la «nula capacidad empática» con el sector y la «soberbia» de la consejera. «No atiende a razones técnicas pese a que le hemos presentado informes detallados», aseguró. Para Torres, resulta «surrealista» que Educación se «empeñe» en sacar adelante el nuevo convenio marco, cuando «hace apenas unos meses entendió que la situación totalmente anómala» aconsejaba no hacerlo. Desde Froet entienden además que el nuevo concurso «discrimina» a las empresas de la Región frente a las de otras comunidades donde sí se han tramitado ayudas. La preocupación es la concurrencia de empresas de Valencia y Andalucía. «Estamos con una mano delante y otras detrás, mientras nuestros vecinos van con traje», sentenció.

Campuzano: «Desde 2009 teníamos una situación irregular»

La consejera de Cultura y Educación, Mabel Campuzano, aseguró ayer, en una comparecencia en las escaleras de la sede de su departamento para valorar su reunión con Froet, que el Gobierno regional tenía «una situación irregular» con el contrato del transporte escolar «desde 2009». Campuzano aseveró que «existe un acuerdo marco publicado desde el lunes para resolver la situación de un contrato vigente desde 2009 y que no puede prorrogarse porque tiene los informes en contra de todos los estamentos de la Administración». La consejera insistió en que las empresas de transporte que incumplan el contrato con la Administración se enfrentan a «consecuencias muy graves», y valoró que Froet hace «un flaco favor» a sus asociados al instarles a no prestar el servicio. «Lo único que estamos haciendo es cumplir la ley», señaló Campuzano, quien añadió que la Comunidad busca «la mejor fórmula para asegurar la buena gestión de los recursos públicos». La consejera apuntó, además, que el contrato «no admite indemnizaciones dinerarias».

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