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Gastrulación

Primera Plana ·

Del actual Gobierno nacional, y del que no acaba de arrancar con iniciativas de calado en la Región, se espera más de lo que vimos estos últimos días, enfrascados como están en la disputa por la factura de la DANA y del blindaje del Mar Menor

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Domingo, 6 de octubre 2019, 08:19

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El biólogo sudafricano Lewis Wolpert decía que el momento más importante de la vida de una persona no es el nacimiento, el matrimonio o ni siquiera la muerte, sino la gastrulación. Así se denomina a un proceso decisivo que ocurre a los quince días de vida, cuando nuestras células son una bola esférica en forma de mora y empiezan a organizarse en tres capas que dotan al embrión de un andamio tridimensional para la inmediata formación de los órganos. En la vida de un gobierno sucede algo muy parecido. El momento más importante de un Ejecutivo no es cuando se ganan las elecciones o se produce una crisis política puntual o fatal, sino cuando de la primera línea política nacen otros dos escalones ejecutivos y se dota de una estructura funcional a todo el gobierno, asignándose competencias bien delimitadas a cada uno de sus miembros. Si ese proceso no se hace correctamente, los gobiernos nacen con taras en su concepción que, tarde o temprano, acabarán manifestándose de forma problemática. Al Gobierno regional empiezan a vérsele algunas costuras propias de una confección rematada en algunos casos a base de retales. Ese siempre es el principal riesgo de todo ejecutivo de coalición negociado entre dos o más partidos. Aunque existe afinidad en el ADN político, PP y Ciudadanos tienen intereses particulares, muestran un dispar bagaje de gestión, prácticamente nulo en los naranjas, y son organizaciones políticas muy diferentes en su vida orgánica. El primer vicio de origen salió a la luz el día que se conoció la estructura del Gobierno y publicamos que de 46 directores generales se ha pasado a 55, un incremento de altos cargos, con su consiguiente aumento del gasto público asociado, que no está justificado en una comunidad autónoma uniprovincial, que además tiene serios problemas de financiación y se ve arrastrada por cifras rampantes de déficit y deuda pública. Esta injustificada proliferación de altos cargos, que solo puede explicarse por la necesidad de colocar a cuantos más afines mejor, no ha pasado desapercibida en Madrid, lo que le ha costado al Ejecutivo regional de PP y Cs las primeras críticas en la prensa nacional.

Las devastadoras consecuencias de la gota fría han tenido ocupado al Gobierno regional, lo que ha impedido testar la solidez de su arquitectura, operatividad e idoneidad de sus responsables, aunque ya asoman algunas deficiencias: duplicidades en Turismo, solapamiento de direcciones generales en materia de empleo y autónomos y la creencia de que la política social consiste básicamente en reunirse con colectivos para hacerse fotos en lugar de gestionar temas socialmente muy sensibles. En la decisión más importante que tuvo que tomar en septiembre, López Miras acertó: alertar preventivamente del inminente riesgo de gota fría, en colaboración con la delegación del Gobierno, hizo que solo tuviéramos que lamentar pérdidas materiales. Pero pasada la trágica DANA hemos entrado en una fase menos edificante, con una disputa, en plena recta preelectoral, a cuenta de cuánto deben pagar la Comunidad y el Gobierno central por la reparación de los daños y las ayudas a los damnificados. Hablamos de dinero público y es lógico que se evalúe bien quién, cómo y cuánto se paga. Pero la impresión de que no existen voluntad de entendimiento y de acuerdo, junto a un insufrible intercambio de soflamas partidistas de unos y otros en vísperas del 10-N, hace que ni el Gobierno en funciones de Madrid ni el constituido en la Región de Murcia salgan bien parados de esta estéril espiral ante la opinión pública. Porque entretanto nos bastó con rascar un poco para descubrir que solo el 4,6% de las ayudas prometidas en las riadas de 2016 han llegado a la Región, mientras que los afectados en Lorca por la riada de 2012 denuncian que aún está pendiente el encauzamiento de la rambla de Biznaga. «Todo está por hacer», dijeron esta semana las víctimas de las lluvias de San Wenceslao. Otra polémica entre administraciones públicas, con semejante trasfondo político y económico, es la que afecta al Mar Menor, justo cuando vuelve a encontrarse en una situación tan crítica como la de 2016. Ahora que por fin hay un plan de vertido cero para blindar nuestra joya medioambiental, en lugar de discutir por dónde empezar a trabajar asistimos a una trifulca por el reparto de la factura de las 21 medidas previstas. Como ya vimos en la instrucción de la causa penal por los vertidos, nadie se pone de acuerdo sobre cuáles son sus competencias, una vía perfecta para eludir cualquier responsabilidad pero que condena al Mar Menor a su muerte por inacción, dejadez y falta de coraje político. Si todos estos problemas tienen su origen en la escasez de dinero público, diseñar un gobierno regional menos gravoso para los ciudadanos debía haber sido un imperativo moral. Del actual Gobierno nacional y del que no acaba de arrancar en la Región con iniciativas de calado se espera mucho más de lo que hoy vemos.

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