El futuro de doce viviendas en la costa de la Región de Murcia depende de la Audiencia Nacional

Así lo confirmaron fuentes de este organismo del Ministerio para la Transición Ecológica, que espera las distintas sentencias para determinar si los propietarios de las construcciones, situadas en su mayoría en los municipios de Mazarrón y Cartagena, tienen derecho a conservarlas, de forma indefinida o con prórrogas, o deben derribarlas y despejar así el suelo junto a las playas.

Los titulares del bien estarían, en ese caso, obligados a asumir el coste. Si no lo hacen, Costas abordará las obras y les pasará la factura, como ocurre con el Miramar, indicaron fuentes estatales.

En la playa de La Isla, donde está este local, Costas ha retirado dieciocho edificaciones desde la entrada en vigor de la Ley de Costas, aprobada en 1988 y modificada en 2013. Y hay una quincena más de viviendas cuya documentación examinan los funcionarios del Ministerio dirigido por Teresa Ribera, que, además de aplicar la normativa, pretende retomar lo antes posible el proyecto de regeneración de este tramo del litoral.

Las fuentes consultadas recordaron que se trata de un plan «ambicioso» del año 2011, cuya ejecución se ha ido retrasando al estar condicionado a la retirada de las viviendas y a la extracción del barco fenicio 'Mazarrón II', que empezó en septiembre en las aguas del municipio. El plan pasa por recuperar la parte de arenal perdida por los vertidos de rocas y otros materiales desechados en la antigua actividad minera, llevar a cabo otras tareas de restauración ambiental y construir pasarelas. El proyecto, que será actualizado, carece por ahora de presupuesto y fecha de licitación.

También en Mazarrón, el Ministerio tiene abiertos expedientes sobre la sujeción a la Ley de Costas por parte de otras viviendas y de un conocido hotel, para aclarar si existen concesiones administrativas y si éstas han caducado o caben prórrogas de ocupación del dominio público.

Otra área bajo supervisión es La Manga del Mar Menor, donde los expedientes afectan a un restaurante en la playa del Cavanna y a otro en la zona del puerto Tomás Maestre, así como a una decena de viviendas en la playa de Los Alemanes. También están en el punto de mira patios y jardines de viviendas situadas junto a la laguna, donde Costas ha demolido distintos muros y otros elementos durante los últimos años.

El citado Plan incluye Cabo de Palos, en cuya playa de Levante existen una decena de casas afectadas por el deslinde y donde Costas no tiene previsto, por ahora, actualizar ese instrumento legal. La situación de una de las viviendas ha tenido un especial eco mediático, por la negativa de su dueño, el cartagenero José Antonio Luque, a entregar las llaves a Costas, las concentraciones de protesta en el porche de su vivienda y los apoyos políticos y vecinales que ha recibido. El futuro de su vivienda es uno de los que está en manos de la Audiencia Nacional, cuyas sentencias admiten recurso ante el Tribunal Supremo.

Salvador Pérez Alcaraz, abogado de Luque, señaló a LA VERDAD que la sentencia no tardará mucho en publicarse, y confía en que se acepten los argumentos de su defendido, en un expediente «de una gran complejidad». Alcaraz, profesor de Derecho Administrativo y consejero del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, tumbó en su día los proyectos para construir paseos marítimos en la gola de Marchamalo, en La Manga, y varios deslindes en la costa de la Región, por vulnerar los derechos de distintos propietarios.

Pérez Alcaraz considera, con carácter general, que Costas, al efectuar los deslindes o extinguir las concesiones en su día otorgadas, va muchas veces «más allá de lo razonable» en sus criterios de interpretación de la ley. A su juicio, «extiende excesivamente la zona de dominio público, incluyendo núcleos de construcciones asentadas desde hace muchos años, sin distinguir las invasiones flagrantes del dominio público, que por supuesto deben ser atajadas, del respeto a las construcciones consolidadas a lo largo de las décadas».

Eso genera, en su opinión, «una evidente alarma social y acusaciones de que el Estado actúa de forma confiscatoria con los bienes privados». Por ello, reclama que el Ministerio y los tribunales garanticen, «dentro del marco regulador de la Ley de Costas, la compatibilidad de la protección del dominio público con el respeto al derecho a la propiedad privada».

Otro de los 'puntos calientes' está en Los Nietos. Costas busca «determinar el estado» legal de unas 80 viviendas y analizar las concesiones de uso de hasta 75 años. Lo hace sobre la base del nuevo deslinde del dominio público, que la Comunidad ha recurrido en los tribunales.

La Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio también trabaja en los deslindes de El Carmolí y de La Hita. Y estudia cómo afecta a 54 viviendas de Puntas de Calnegre, en Lorca, el deslinde de 2005, que sustituyó al de 1977. Todo ello, con la oposición de plataformas ciudadanas como 'Conservemos Puntas de Calnegre' y 'Somos Mediterrania', de ámbito nacional y que promueve frecuentes movilizaciones contra lo que llama «expropiaciones a coste cero». El Gobierno sostiene siempre que se limita a cumplir la ley, en defensa del interés general.