La Fiscalía ofrecía en su denuncia indicios de seis presuntos delitos

Fraude, malversación de caudales públicos, falsedad en documentos públicos y oficiales, fraude de subvenciones, delitos societarios e insolvencias punibles. Estos son los seis supuestos delitos que la Fiscalía Superior de la Región enumeró en la denuncia, presentada en noviembre de 2015, por la presunta trama de corrupción montada en torno a la desaladora de Escombreras. Asó lo recuerda en su reciente resolución la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, quien sin embargo no desvela mucho más sobre los hechos que se relatan en la querella del Ministerio Fiscal, pues su contenido concreto no ha trascendido hasta el momento.

En base a esa denuncia, cuya redacción correspondió a quien en 2015 era el coordinador de la Fiscalía de Delitos Urbanísticos y contra el Medio Ambiente, el hoy Fiscal Superior, José Luis Díaz Manzanera, la juez Azuar ordenó a la Policía Nacional, en mayo de 2016, la realización de cuatro registros. El objetivo eran decomisar cuanta documentación sirviera para aportar luz al proyecto de construcción de la dasaladora de Escombreras y, principalmente, a las razones por las que el Gobierno regional, presidido por Ramón Luis Valcárcel, asumió esas instalaciones con unas cargas multimillonarias y sin que en apariencia hubiera una necesidad imperiosa de hacerlo. Así lo reconoció en su día la propia Intervención General de la Comunidad, en un informe que fue remitido a la Fiscalía.

Los registros se efectuaron en la propia sede física de la desalinizadora, en el Valle de Escombreras; en la sede social de la mercantil Desaladora de Escrombreras SAU, coincidente con la dirección del despacho del abogado Andrés Arnaldos; en las instalaciones de Hidromanagement, en Madrid, y en la sede del Ente Público del Agua (EPA), radicada en la Consejería de Agricultura y Agua, en la Plaza Juan XXIII de Murcia.

La documentación recabada por los agentes de la UDEF fue enorme, hasta el extremo de ocupar varios terabites de memoria digital, lo que se ha traducido en que haya sido necesario más de un año y medio de trabajo para completar el análisis y la elaboración de un primer informe sobre esta aparente trama de saqueo de las arcas públicas.

Este análisis policial debe ofrecer datos sobre el grado de participación de los empresarios murcianos de Hidromanagement, pero sobre todo de las mercantiles vinculadas al Grupo ACS que por su mayoritaria participación accionarial tenían un mayor peso en la toma de decisiones.

Todo apunta a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) asignará en breve plazo un refuerzo a la juez María del Mar Azuar para que pueda dar un importante impulso a este complejo procedimiento.