La Fiscalía denuncia la contaminación de un acuífero y la vincula a la factoría de Sabic
Halla una alta tasa de cromo y otros metales en La Aljorra y apunta a que «estaría asociada a la actividad» de su complejo industrial
La investigación abierta por un juzgado de Cartagena hace tres años por un presunto delito contra los recursos naturales por parte de la empresa ... de fabricación de plásticos Sabic y de su filial EnergyWorks Cartagena ha sacado a la luz un grave problema de contaminación del acuífero de La Aljorra por metales pesados. El nivel de afección implica «un riesgo inaceptable para el medio ambiente y la salud humana». Además, hay indicios de que la presencia de elementos químicos peligrosos puede afectar a los cultivos del entorno, lo que a su vez podría causar problemas a los consumidores de esos alimentos.
Las exhaustivas pesquisas impulsadas por la Fiscalía General del Estado, que ha asumido un papel central en la causa por la relevancia de los hechos denunciados, vinculan lo ocurrido con la actividad de las fábricas que ambas compañías tienen allí. La compañía de capital estatal de Arabia Saudí Sabic Innovative Plastics se dedica a la producción de plásticos de última generación desde 2007, cuando compró las instalaciones a la estadounidense General Electric; y EnergyWorks le suministra electricidad y vapor, con turbinas de cogeneración y calderas convencionales de coincineración.
El Ministerio Público, que ejerce como querellante junto a un vecino, ha solicitado al juzgado practicar una serie de diligencias dirigidas a aclarar el alcance de la contaminación de las aguas y de los terrenos agrícolas. Así consta en las diligencias que tramita el Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena, que según ha confirmado LA VERDAD recibió en enero un oficio de la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado.
La unidad estatal de Medio Ambiente pide a un juez analizar los datos de 2014 a 2020 y dice que en 2005 no constaba este problema
El documento resume un informe de esa misma unidad técnica, aportado también a la causa, y recoge en sus conclusiones que «los informes relativos al control de las aguas subterráneas, establecidos en la AAI [Autorización Ambiental Integrada], revelan concentraciones muy elevadas de cromo en varios de los piezómetros en las campañas de 2014, 2015 y 2006».
Según la Fiscalía, el hecho de que las concenctraciones de cromo superaron hasta en 23 veces el Nivel Genérico de Intervención establecido por el Ministerio para la Transición Ecológica, en su borrador de directrices de contaminación puntual de las aguas subterráneas, implicaría «clasificar el acuífero como contaminado». E indica que «existe un riesgo inaceptable para el medio ambiente y la salud humana» y que, por ello, es «necesario llevar a cabo labores de descontaminación».
Advierte de que varias parcelas del entorno riegan lechugas y limones con aguas subterráneas y teme por la salud humana
El escrito, firmado por el fiscal de sala Javier Sarría, advierte de que «también la concentración de plomo parece elevada», si bien convendría emplear «un método de medida más sensible» al utilizado para los controles exigidos por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma. En todo caso, «la elevada concentración de estos y otros metales» en el periodo de seguimiento analizado, unido a «que las medidas de 2005 en los mismos piezómetros indicasen ausencia de metales pesados, apuntaría a que tal contaminación estaría asociada a la actividad de las plantas industriales de Sabic [sociedad de capital saudí que adquirió las instalaciones a la estadounidense General Electric en 2007] y/o EnergyWorks».
De 2014 a 2020
En consecuencia, la Unidad Técnica «sugiere» al juzgado que solicite a estas empresas y a la compañía colaboradora responsable del control de suelos y aguas subterráneas «todos los datos disponibles» desde el 2014 al 2020 sobre las parcelas de las plantas industriales, que ocupan más de 700 hectáreas cerca de La Aljorra y de Lobosillo, pedanía de Murcia. También ve necesario que aporten los datos de concentración de metales pesados en estos suelos, para valorar la contaminación de las aguas y de los terrenos.
La Fiscalía propuso también a la instructora tomar muestras en los pozos usados para la extracción de aguas para riego en las parcelas agrícolas situadas cerca de las factorías aljorreñas. El motivo es que, según los datos recabados en la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), «la mayor parte utiliza aguas subterráneas para el riego».
Los especialistas de Medio Ambiente de la Fiscalía argumentan que la información aportada por la comunidad de regantes de este paraje del Campo de Cartagena indica que varias parcelas situadas al sur y al sureste de las plantas industriales son hortícolas. Y añaden que según el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en la Región de Murcia, algunas se dedican a limoneros y otras al cultivo de lechugas, hortaliza que «está en íntimo contacto con el suelo», por lo que «sería altamente vulnerable ante una posible contaminación». Ésta, a su vez, «podría transmitirse posteriormente a los humanos en su consumo en fresco».
La Fiscalía insta a «planificar, junto con el equipo del Seprona de Murcia, una toma de muestras de suelo» en algunas fincas, con el fin de valorar la existencia de contaminación en el suelo e incluso en la propia hortaliza».
Exploración médica a un vecino
Entre tanto, el vecino denunciante, cuyo abogado es José Manuel Muñoz Ortín, ha sido citado para un examen médico-forense. Se trata de determinar las afecciones de salud que puede padecer. Él afirma sufrir cefaleas y las achaca a emisiones de partículas contaminantes a la atmósfera.
Asimismo, Ecologistas en Acción ha pedido al juzgado que permita su personación como acusación popular. La asociación no pudo pagar la fianza de 6.000 euros que le impuso y reclama acogerse a la justicia gratuita, en defensa del interés general.
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