La Fiscalía atribuye a «altos mandos» de la Comunidad los intentos de recalificar La Zerrichera

Lozano ha hecho esa afirmación en la exposición de su informe en el juicio iniciado el pasado 22 de septiembre en la Audiencia Provincial de Murcia contra seis exaltos cargos del Gobierno murciano que participaron en el intento de convertir en urbanizables aquellos terrenos, de 240 hectáreas.

Aunque el fiscal no ha querido concretar a quiénes se refería en concreto, ha dicho que "desde directores generales hacia arriba".

Lozano ha sido tajante al señalar que se trataba de imponer la voluntad de unas personas, aunque ello supusiera pasar por encima de la ley, y en especial de la salvaguarda medioambiental de los terrenos, estaban enmarcados en un ámbito territorial superior declarado Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), entre otras cuatro figuras de protección.

Para el representante de la acusación estatal, no hay duda de que se partía de una idea predeterminada, conseguir la recalificación de los terrenos, y hacia ese objetivo se dirigió la actuación de los acusados.

A uno de ellos, el exdirector general de Calidad Ambiental Antonio Alvarado, le atribuye haberse atribuido competencias que pertenecían a la Dirección General del Medio Natural para que el asunto no escapara de su control.

"La decisión favorable estaba predeterminada", comentó, aunque algunos funcionarios se negaron a suscribir determinados informes, como les reclamaron sus superiores.

Comentó que el propio Gobierno murciano había propuesto a la Unión Europea la consideración de la zona como LIC y ZEPA, "lo que suponía que le reconocía unos valores ambientales dignos de protección".

Y añadió que cuando el Ayuntamiento de Águilas hizo una consulta al Ejecutivo autonómico sobre la propuesta de recalificación de terrenos hecha por el empresario Trinitario Casanova, se le contestó que no era posible, por lo que el consistorio procedió a archivar las actuaciones.

Para la Fiscalía, no tenía sentido por tanto que después, y a instancias de ese mismo Gobierno autonómico, se procediera a reabrir el caso en un intento de conseguir recalificar los terrenos.

La vista oral continuará mañana con la exposición de los informes de las acusaciones populares, mientras que las defensas lo harán el miércoles.

Los acusados son, además de Alvarado, Encarna Muñoz, exdirectora general del Medio Natural; José María Ródenas, exsubdirector general de Vivienda y Urbanismo; Alfonso Guerrero, exdirector general de la misma dirección general, y Juan Ignacio Sánchez, jefe del Servicio de Calidad Ambiental.

Todos ellos están acusados de un delito de prevaricación. Alvarado y Sánchez también de otro de falsificación. Se piden distintas penas de prisión y multa.