La Fiscalía archiva una denuncia contra Conesa por una recalificación en Alhama
El Ministerio Público constata ilegalidades de calado en el expediente, pero rechaza que sean tan «zafios, burdos y arbitrarios» como para constituir prevaricación
La Fiscalía Superior de la Región acaba de notificar un decreto por el que archiva unas diligencias informativas abiertas, por presunta prevaricación, contra el máximo responsable del PSOE regional y exalcalde de Alhama de Murcia, Diego Conesa, a quien el PP denunció por la reclasificación urbanística de una nave industrial que fue reconvertida en centro comercial en Alhama. Aunque el Ministerio Público ha confirmado con su investigación que se cometieron diversas ilegalidades en la tramitación del expediente, algunas incluso de calado, llega finalmente a la conclusión de que ninguna de ellas es de suficiente gravedad como para justificar una acusación por prevaricación.
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«Es preciso distinguir entre las ilegalidades administrativas, aunque sean tan graves como para provocar la nulidad de pleno derecho, y las que, trascendiendo el ámbito administrativo, suponen la comisión de un delito», advierte en la resolución. Y es que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido que solo las ilegalidades más «burdas, groseras, patentes y arbitrarias» pueden tener esa relevancia penal.
En su denuncia, el PP se dirigía contra Diego Conesa, los concejales que formaban la Junta de Gobierno, el edil de Urbanismo, Antonio José Caja, la arquitecta municipal y los responsables de la empresa promotora de la operación urbanística. Este proyecto, que se remonta al año 2017, consistió en el cambio de uso de una nave industrial para la apertura de una galería comercial integrada por un supermercado y un bazar. Los delitos denunciados eran los de prevaricación continuada y falsedad documental. Además, el PP afirmaba que el dueño de la parcela en la que se desarrolló la actuación urbanística es familiar de la esposa del líder del PSRM.
El Ayuntamiento alega que no dar parte al juez, como se había acordado, se debió a «un error por la acumulación de tareas»
Se les 'olvidó' ir al juzgado
En primer lugar, entre las irregularidades observadas, destaca que la firma impulsora del proyecto presentó una declaración responsable para iniciar las obras, pero los técnicos municipales informaron ese trámite desfavorablemente, ya que consideraron que para una modificación de este tipo se necesitaba una licencia urbanística. La mercantil rectificó y finalmente recibió permiso de la Junta de Gobierno local. En noviembre de 2017 se acordó concederle licencia, pero supeditada a una serie de condicionantes, entre ellos que el espacio comercial no superara los 1.200 metros cuadrados.
La promotora realizó los trabajos y el supermercado abrió sus puertas el 9 de enero de 2018. Sin embargo, los técnicos detectaron entonces que la superficie comercial excedía los 1.200 metros cuadrados de máximo establecidos en la licencia y que no se detallaban las actuaciones realizadas en la cubierta de amianto de la originaria nave industrial. Ello motivó que el edil de Urbanismo dictara una orden de suspensión de la actividad para el supermercado por incumplimiento de las condiciones de la licencia, aunque inmediatamente suspendió la eficacia de la misma. Unas circunstancias por las que el PP intuía un presunto trato de favor a esa sociedad.
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Las gestiones realizadas por el Ministerio Público han confirmado algunas de esas irregularidades denunciadas. Pero quizás la más relevante sea que, aunque se aprobó un decreto municipal ordenando dar parte al juzgado de una posible desobediencia grave del constructor, finalmente nada de ello se hizo. Desde el Consistorio alhameño se ha alegado ahora que pudo tratarse «de un error administrativo, consecuencia de la acumulación de tareas».
Todos estos hechos, sin embargo, no alcanzan en opinión de la Fiscalía la categoría de la prevaricación, por lo que ha decidido sobreseer las diligencias.
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