La Fiscalía acusará de tres delitos a Pedro Antonio Sánchez en el 'caso Guardería'

Con las indagaciones sobre este asunto de presunta corrupción política en su recta final, la Fiscalía tiene ya claro que pedirá abrir juicio oral a Sánchez, exafiliado del PP y dedicado a sus negocios privados como empresario afincado en Miami, y otras personas. Fuentes de toda solvencia aseguraron a LA VERDAD que el Ministerio Público considera que «han ido acreditándose a lo largo de la instrucción indicios suficientes para sostener una futura acusación» por, al menos, tres delitos.

Y señalaron que por el de malversación puede afrontar una solicitud de pena de 4 a 8 años de prisión; por el de falsedad en documento público, de 3 a 6 años; y por el de prevaricación, inhabilitación para empleo o cargo público. Cabe la posibilidad de que Sánchez llegue a juicio con antecedentes penales, un escenario aún más complicado para sus intereses. Por ahora, la sentencia de 'Auditorio' no es firme y, según ha trascendido, Sánchez la recurrirá ante el Tribunal Supremo.

La Fiscalía se basa en las manifestaciones del expresidente y de otros investigados, en un informe pericial y en los datos incluidos en la querella que presentó contra él y otras personas vinculadas con el expediente municipal. Según denunció, el Ayuntamiento solicitó en el año 2005 subvenciones para la construcción de dos proyectos: un centro de atención a la infancia para la conciliación de la vida laboral y familiar y un centro de atención a la mujer. Pero no había dos proyectos, sino que se trataba de «la misma obra».

«El proyecto no se llevó a cabo y el dinero de las subvenciones tuvo otro destino, para cuya ocultación, por acuerdo de Construcciones Urdecon, S.L y el Ayuntamiento, se inventaron unas certificaciones que no se correspondían con obra realizada alguna», indicó el escrito del fiscal.

Al igual que hizo en el juicio de 'Auditorio', el Ministerio Público sí que prevé retirar de su futuro escrito de acusación el fraude de subvenciones. Una reforma legal sobre este ilícito beneficia al investigado y la norma impide acusarle por su supuesto engaño de una administración pública a otra, en concreto el Consistorio a la Consejería de Cultura. Este, recordaron las fuentes consultas, alcanzaría el medio millón de euros, importe de la subvención otorgada por la Administración autonómica para costear las obras.

En su declaración como investigado, el 12 de noviembre de 2019, según fuentes fidedignas, Sánchez alegó que, en lo referente a la legalidad de los trámites de la obra, se encomendó a lo que decidieran los técnicos. «Solo firmo si hay un informe favorable», vino a resumir, informó LA VERDAD.

El exalcalde, que entonces ya había dimitido como presidente regional por los casos judiciales que le cercaban, añadió que en los cargos públicos que ocupó se limitaba a «dar un impulso político» a los proyectos. Añadió que todas las cuestiones técnicas quedaban en manos de los funcionarios competentes. Lo mismo adujo en el 'caso Auditorio', sin éxito.

Agregó que nada sabía de diversas cuestiones que el fiscal y el letrado de la acusación particular, que representa a un concejal del PSOE lumbrerense, le plantearon sobre la tramitación de los expedientes de los centros de la infancia y de la mujer.

Las fuentes consultadas se refirieron a la importancia que la Fiscalía da en este procedimiento a la declaración de un investigado, según el cual le forzaron a firmar un acta de finalización de la obra, aunque no había ni cimentación. También destacaron que Sánchez habría incurrido en falsedad por la firma de un acta de recepción de la obra, sin que esta estuviera hecha, para no perder la subvención autonómica.

Añadieron que está pendiente la declaración de dos investigados: una arquitecta y el representante de la empresa adjudicataria. La jueza tendrá que emitir una resolución de apertura de procedimiento abreviado, paso previo a la apertura de juicio oral. Las fuentes de este diario descartaron que, con los indicios ya acumulados, decrete el archivo.