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Los supuestos responsables principales del gravísimo deterioro ambiental del Mar Menor, derivado de largos años de aparente inacción institucional y de impunidad frente a las prácticas agrícolas ilegales, acaban de ser señalados frente a la Justicia en la denuncia que acaba de presentar el Fiscal Superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera. La acusación pública se dirige contra el exconsejero de Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Cerdá, y contra otros seis antiguos altos cargos de su departamento, así como contra dos expresidentes de la Confederación Hidrográfica del Segura, José Salvador Fuentes Zorita y María Rosario Quesada, el excomisario Manuel Aldeguer y otros tres altos funcionarios del organismo de cuenca. Por el lado del sector agrario, el fiscal señala a 24 grandes empresas y agricultores particulares con cultivos radicados en el Campo de Cartagena, a los que acusa de prácticas ilícitas consistentes, básicamente, en la apertura de pozos no autorizados, la instalación de desalobradoras ilegales y el lanzamiento de los vertidos de salmuera resultantes a ramblas y pozos que, inexorablemente, acababan contaminando las aguas de la laguna salada.
A juicio al máximo responsable del Ministerio Fiscal en la Región, quien durante más de un año ha investigado las causas de una degradación del Mar Menor que no descarta que pueda llegar a ser "irreversible", las administraciones públicas han sido perfectamente conscientes desde hace largos años de que la "desmesurada e incontrolada" ampliación de regadíos en el entorno de la laguna, a pesar de no tener garantía alguna de que fueran a contar con agua para regar, derivó en la instalación de cientos -posiblemente un millar- de desaladoras clandestinas, cuyo 'rechazo' iba directamente al acuífero del subsuelo o al Mar Menor. Las inyecciones de nitratos a la laguna se estiman en unas 3.300 toneladas anuales, y la cantidad total acumulada en las últimas décadas podría superar incluso las 371.000 toneladas. Todos los informes internos, estudios científicos, advertencias y denuncias que se sucedieron sobre esa cuestión no sirvieron, en apariencia, para que desde la consejería liderada por Antonio Cerdá, como tampoco desde la CHS que presidieron Fuentes Zorita y Quesada, se adoptara prácticamente medida alguna, ya fuera reparadora o sancionadora, para atajar esta situación. La pasividad habría sido casi absoluta hasta el año 2012, cuando la contaminación del más relevante ecosistema del sureste español alcanzaba ya límites "desastrosos" y "calamitosos".
Díaz Manzanera, que no ahorra calificativos para reprobar la actuación de los antiguos altos funcionarios señalados en su denuncia, considera que los hechos son constitutivos, cuando menos, de un delito contra el medio ambiente, con las posibles agravantes de "riesgo de deterioro irreversible o catastrófico", y de varios delitos continuados de prevariación, por lo que pide al juez que vaya a asumir la instrucción que proceda a tomarles declaración en calidad de investigados (antes imputados), al igual que a los representantes de las 24 sociedades agrarias identificadas como poseedoras de desaladoras ilegales y autoras de vertidos a la laguna.
Por las repercusiones ambientales, socioeconómicas y políticas que ha tenido y tendrá la degradación del Mar Menor, la denuncia de la Fiscalía Superior está llamada a desembocar en una investigación que marcará un hito en los juzgados españoles.
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