Fiscales piden que se derogue el artículo que acorta los plazos de instrucción

El Palacio de Justicia de Murcia, en una foto de archivo./Nacho García / AGM
El Palacio de Justicia de Murcia, en una foto de archivo. / Nacho García / AGM

Consideran que suprimir el 324 de la Ley de Enjuiciamiento será «una auténtica medida anticorrupción»

EFE / LVMADRID / MURCIA

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) vuelve a exigir una vez más la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que acorta los plazos de la instrucción de las causas penales y considera que suprimirlo será una «auténtica medida anticorrupción».

Esta es una de las conclusiones del 34 Congreso que la UPF celebró el pasado fin de semana en Zaragoza, donde manifestaron la necesidad, por «indispensable», de modificar el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.

Respecto al artículo 324 de la LECrim, la UPF cree que «no solo no ha cumplido los objetivos deseados, sino que más bien ha agravado la tramitación de las causas penales, generando espacios de impunidad absolutamente intolerables en un Estado de Derecho».

Opinan que ha generado «espacios de impunidad intolerables en un Estado de Derecho»

La aplicación de este artículo en asuntos relacionados con la corrupción, como los casos 'Acal' y 'Pasarelas' en Murcia, junto con el 'Nazarí' y otros, «permiten considerar su derogación como una auténtica medida anticorrupción», subraya esta asociación de fiscales.

De hecho, como han recordado los propios fiscales durante el congreso celebrado en Zaragoza, el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal acaba de condicionar también la instrucción del 'caso La Sal' sobre la desalinizadora de Escombreras, en el que se investiga la supuesta malversación multimillonaria de fondos públicos, al ser declarada por extemporánea su ampliación un año.

A este respecto, el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Pasqual del Riquelme, declaró el sábado a 'La Verdad' que entendía perfectamente «la frustración que estas disfunciones provocan a la ciudadanía», y recordaba que «estábamos advertidos de los posibles efectos adversos que podría tener esa norma -en la que se fijan los plazos máximos para agotar una investigación judicial-, pero, cuando tenemos unos juzgados sobrecargados e infradotados, se multiplica el riesgo de que se produzcan errores». Lo hacía en referencia al fallo de la titular del juzgado de Instrucción nº 5 de Murcia, a la que se le pasó el plazo para solicitar la ampliación de la investigación por ser una causa compleja. Y más, recordaba el presidente del TSJ de la Región, cuando la jueza «venía actuando con una extraordinaria diligencia en la instrucción de ese procedimiento».

Eficiencia digital

De cara al nuevo Gobierno que pueda formarse, la UPF también reivindica un sistema de justicia digital eficiente «que, lejos de ser una fuente de desesperación, se convierta en una útil herramienta de trabajo», así como un incremento de la plantilla de la Carrera Fiscal, una adecuada retribución de las guardias y la recuperación del poder adquisitivo de los profesionales del sector.

La UPF también insta al poder legislativo a que asuma «la ineludible tarea» de abordar los «problemas estructurales» del proceso penal español, a que acabe con la «obsoleta y dispar figura inquisitiva del juez de instrucción y a que atribuya al Ministerio Fiscal, en condiciones de efectiva autonomía, la dirección de la investigación penal».