El fiscal superior pide derogar los plazos de instrucción para evitar sentencias como la de PAS

El fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, junto al delegado del Gobierno, Diego Conesa, durante su visita a la Ciudad de la Justicia./Nacho García / AGM
El fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, junto al delegado del Gobierno, Diego Conesa, durante su visita a la Ciudad de la Justicia. / Nacho García / AGM

José Luis Díaz Manzanera puntualiza que el recurso contra la sentencia del 'caso Pasarelas' se presentará este lunes o martes, que esla fecha tope

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La Fiscalía de Murcia está preparando el recurso contra la sentencia del 'caso Pasarelas', por la que el expresidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, quedaba absuelto de los delitos de falsedad y prevaricación por la prescripción de los plazos de instrucción de la causa, así como M.L., arquitecto encargado del proyecto de rehabilitación de la Rambla de Nogalte. Así lo confirmó, en un contacto con los periodistas, el fiscal superior de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, que puntualizó que el recurso se presentará este lunes o martes, que es el plazo máximo.

En este sentido, el fiscal superior insistió en la necesidad de derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; «se ha pedido por parte de todas las asociaciones de profesionales de jueces y fiscales».

Y es que, explica, «la realidad es que si hay plazos tiene que haber plazas y si no hay plazas, los plazos se deben regular de manera distinta para evitar situaciones» como la ocurrida, que «por días se haya llegado a esa conclusión de la Audiencia Provincial», de absolución, «perfectamente respetable».

Por su parte, el delegado del Gobierno, Diego Conesa, que mantuvo una reunión con Díaz Manzanera, aseguró que «no nos podemos alegrar de sentencias exculpatorias por cuestiones de plazos que socavan la confianza en la Justicia, ni tampoco nos podemos alegrar de las necesidad materiales que pueda haber».

El pasado mes de diciembre se conoció la absolución. Sin embargo, el Ministerio Fiscal y dos acusaciones entendían que tanto Sánchez, en su entonces condición de alcalde de Puerto Lumbreras, y M.L., habían cometido los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental en la contratación en relación al 'caso Pasarela'.

En estas actuaciones se investigaba la contratación de un arquitecto por parte del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para la elaboración de la documentación técnica para una subvención de obra pública en el entorno de la rambla Nogalte.

Por estos hechos, la representación procesal pedía para Pedro Antonio Sánchez cuatro años de cárcel y una multa de 20 meses, así como inhabilitación durante diez años para empleo o cargo público por la comisión de un delito de falsedad documental.

Para M.L. solicitaba una pena de diez años de inhabilitación para empleo o cargo público como cooperador necesario en un delito de prevaricación administrativa, y la pena de dos años de prisión einhabilitación especial de diez años por un delito de fraude en la contratación, con el pago de las costas procesales en ambos casos.

 

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