El fiscal superior deja traslucir su malestar por el archivo de causas sobre corrupción

Díaz Manzanera, Pasqual del Riquelme y Martínez Moya, en el acto de ayer. / Javier Carrión / AGM
Díaz Manzanera, Pasqual del Riquelme y Martínez Moya, en el acto de ayer. / Javier Carrión / AGM

Díaz Manzanera critica en su discurso la interpretación «estricta» que los jueces están haciendo de los plazos máximos para investigar

RICARDO FERNÁNDEZ y JULIÁN MOLLEJO

José Luis Díaz Manzanera, máximo representante del Ministerio Público en la Región, no quiso ayer en su discurso obviar el malestar que, desde hace unos meses, arrastra la Fiscalía murciana por la interpretación «estricta» que algunos órganos judiciales, como la Audiencia Provincial y la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que preside Miguel Pasqual del Riquelme, vienen haciendo del polémico artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC). Las últimas resoluciones referidas a esta norma, que regula los plazos máximos para finalizar una investigación judicial, han avalado que algunas causas de corrupción hayan sido archivadas o se hayan visto gravemente mutiladas, debido a la superación de esos topes fijados a la instrucción. Incluso cuando la demora ha sido de solo dos días, como ocurrió con el llamado 'caso Pasarelas', del que salió absuelto el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez por esa mera cuestión formal.

Díaz Manzanera aprovechó su intervención durante la apertura del curso judicial para volver a mostrar su desacuerdo con esa interpretación rigurosa del texto de la ley, pues cree que puede derivar en un atentado «contra el respeto de derechos fundamentales, como el de la tutela judicial efectiva», y generar en la sociedad «una vergonzante sensación de impunidad».

RECONOCIMIENTOS

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Juzgado de Primera Instancia 11 de Murcia y Servicio de Ordenación del Procedimiento (SCOP) de Murcia.
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Magistrados y magistradas, fiscal, letrado y funcionarios colaboradores en los programas Educando en Justicia y Juez de Paz Educativo.
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Equipos de informática del Tribunal Superior de Justicia y la Gerencia Territorial.
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Equipos de Atención al Público, profesionales y litigantes del Servicio Común General.
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Policía Judicial.
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Diego Vera, periodista (Agencia Efe).
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Base Aérea de Alcantarilla.
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Funcionarios de todos los cuerpos de la administración de Justicia jubilados durante el pasado año judicial.

Al margen de quién tenga razón en esas discrepancias interpretativas que jueces y fiscales mantienen, y que el fiscal superior advirtió que acabará teniendo que resolver el Tribunal Supremo y hasta el Constitucional, reclamó directamente la derogación de ese artículo 324. Y es que, aunque reconoció que es comprensible que se fijen límites a las investigaciones para evitar que se prolonguen 'sine die', ello debe venir acompañado de medios materiales y personales necesarios que permitan cumplir con tales plazos. «Resulta muy difícil de explicar para un ciudadano del siglo XXI que un asunto en el que se ha visto afectado o interesado se va al traste por la regulación de unos plazos inasumibles en función de unos medios que son del siglo pasado», denunció solemnemente.

Denuncia que en este siglo XXI se les exige cumplir unas metas «con unos medios del siglo pasado»

Y recordó, en ese sentido, que «todas las asociaciones de fiscales y jueces están exigiendo reiteradamente la derogación del artículo 324 o, al menos, su modificación».

Su alegato contra la actual regulación de esa cuestión la concluyó señalando que «el resolver la situación generada es tarea de todos. Esto es un problema de toda la ciudadanía, que afecta al propio sistema democrático y, lo que es más grave, a la propia credibilidad de la Justicia. Debemos evitar entre todos que se produzca cualquier atisbo de desarraigo hacia aquélla», indicó.

Crece la cifra de delitos

El fiscal no se olvidó de recordar algunas de las principales cifras en materia de seguridad ciudadana, que ya avanzó hace dos meses en la presentación de la memoria anual de la institución. Así, explicó que, durante el año pasado, se registró un fuerte incremento en el número de diligencias incoadas por todo tipo de actuaciones delictivas, con un total de 82.536, lo que supone un 21,91% más que en 2017.

Díaz Manzanera alertó sobre «la facilidad de acceso a la pornografía a través de las nuevas tecnologías y a edades cada vez más tempranas, donde se representa a la mujer 'cosificada', y también a los menores». Para luchar contra ello pidió medidas «en el ámbito educacional y transmisión de valores» a los niños.