El fiscal solicita seis años al teniente procesado por abusos sexuales

La acusación particular eleva la petición a 14 años de cárcel y al pago de 73.000 euros de indemnización por las secuelas psicológicas

EFE MURCIA

El fiscal pide seis años y seis meses de prisión para el teniente del Ejército del Aire acusado de abusos sexuales a una soldado entre 2014 y 2016 en la Base de Alcantarilla, unos hechos que el acusado negó en el juicio celebrado ayer. El fiscal solicita, además, que pague una indemnización a la soldado de algo más de 30.000 euros por las lesiones psíquicas y las secuelas sufridas. Igualmente, pide que se prohíba al acusado aproximarse a la víctima a menos de quinientos metros y comunicarse con ella por un periodo de siete años.

Antonio Suárez-Valdes, abogado de la acusación, reclama catorce años de cárcel y una indemnización de algo más de 73.000 euros, así como elevar a 17 los años de prohibición de acercarse y comunicarse con ella. La denunciante, que llevaba doce años en las Fuerzas Armadas, fue expulsada tras la denuncia, según explicó su letrado. Un mes después, fue readmitida, pero ya no forma parte de las Fuerzas Armadas.

Según explica la Fiscalía, el teniente sometía a su subordinada a situaciones verbales y físicas que atentaban contra su libertad e indemnidad sexual, gravemente intimidatorias y humillantes. El fiscal relata que el acusado cerraba la puerta de la oficina con pestillo y que llegó a masturbarse delante de la soldado, realizándole tocamientos. Agrega que el 14 de enero de 2016, con ocasión de un trayecto desde la Base de Alcantarilla hasta el hospital militar de Cartagena, en el que ella iba conduciendo y él de copiloto, se volvió a masturbar. La Fiscalía señala que la soldado, al no encontrar respuesta por parte de sus mandos, a los que ya había comunicado el acoso, decidió hacer una fotografía cuando ambos estaban a solas en la oficina y él se estaba masturbando delante de ella. Cinco días más tarde la mujer mostró la imagen a un comandante superior, que decidió activar el protocolo de protección frente al acoso.