El fiscal 'salva' a siete grandes constructoras al no acusarlas de delinquir en el fraude del AVE

Un guardia civil vigila una sede de Adif durante una operación contra la corrupción. / efe
Un guardia civil vigila una sede de Adif durante una operación contra la corrupción. / efe

Solo pide indemnizaciones millonarias a Dragados, Tecsa, Acciona, Villegas, Hormigones Martínez, Sacyr y Neopul como partícipes a título lucrativo

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Siete grandes constructoras de ámbito nacional, que se encuentran en una difícil situación por las consecuencias que pueden derivarse de su presunta implicación en un millonario fraude en las obras del AVE a la Región, acaban de recibir un balón de oxígeno con la calificación formulada por el Ministerio Fiscal, que ha eludido acusarlas de la comisión de delitos concretos, como sí ha hecho la Abogacía del Estado. Merced a ello, estas siete mercantiles (Dragados, Tecsa, Acciona, Villegas, Hormigones Martínez, Sacyr y Neopul) solo afrontan desde el lado de la Fiscalía Anticorrupción una petición de indemnizaciones millonarias, mientras que desde la acusación privada que ejerce la Abogacía del Estado se reclama además que no puedan contratar con las administraciones públicas durante un periodo de diez años; una condena que, de llegar a darse, condicionaría seriamente su futuro.

Curiosamente, la calificación provisional presentada por la Fiscalía resulta algo más benevolente en general que la de la Abogacía del Estado. Así, mientras esta última solicita una condena global de 547 años de prisión para los 46 encausados contra los que se dirige su acusación, el Ministerio Público se queda en un total de 373 años para los 40 señalados por presuntos delitos continuados de prevaricación, fraude en concurso con malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales e insolvencia punible.

Como ya hizo días atrás la Abogacía del Estado, la Fiscalía Especial Anticorrupción deja constancia de que José Luis Martínez Pombo, desde su cargo de jefe de Infraestructuras de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Este que impulsaba Adif, suscribió en 2010, con los máximos responsables del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y con la Comunidad de Regantes San Felipe Neri, sendos convenios para sufragar los arreglos de las infraestructuras hidráulicas, como acequias y azarbes, que se veían afectadas en la Vega Baja por las obras del AVE.

La desviación de fondos se habría producido inflando el coste de la reparación de las acequias y azarbes

Seguidamente, y con la supuesta implicación del ingeniero José Manuel Fernández Pujante y del empresario murciano Juan Ortín, propietario de Obras Marimar, habrían puesto en marcha un plan delictivo para desviar, en provecho propio, cantidades millonarias procedentes de las arcas públicas. Algo que habrían logrado por el procedimiento de inflar el coste de los trabajos de reposición de acequias y azarbes, por un lado, y en otros casos, directamente facturando por obras que no se habrían llegado a acometer. El fiscal estima el volumen de este fraude en casi 25 millones de euros.

Los encausados señalados habrían contado además con una amplia red de familiares y allegados con el aparente fin de ocultar el enriquecimiento obtenido y blanquear los capitales de supuesto origen ilícito.

También aparecen señalados antiguos altos directivos de la empresa pública Adif y de compañías de control de gasto contratadas por este operador ferroviario, que están acusados de no haber perseguido ni atajado esos supuestos desvíos de fondos públicos.

También por fraude fiscal

Por lo que se refiere al presunto fraude cometido contra la Hacienda Pública, por el impago de impuestos que se habría producido, el principal acusado es el constructor Juan Ortín, además del ingeniero José Manuel Fernández Pujante y varios implicados en una supuesta trama de elaboración de facturas falsas. Las cantidades que se habrían dejado de abonar al fisco ascienden a 2,1 millones de euros.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, Olga Reverte, quien ha coordinado esta investigación iniciada en 2015 y conocida policialmente como 'caso César', notificó ayer a todas las partes el auto por el que abre juicio contra medio centenar de imputados y una veintena de sociedades mercantiles, entre las que destacan las siete grandes constructoras referidas.

Las diligencias pasarán ahora a la Audiencia Provincial, que será la que fije la fecha para la celebración de la vista oral. No es previsible que el juicio arranque antes de un año, en virtud del retraso que acumulan las causas en ese órgano judicial y de que todavía algunas partes no han presentado sus calificaciones.