El fiscal reclama decenas de años a la vieja cúpula de Urbanismo por la 'trama Umbra'

El entonces concejal Fernando Berberena, en octubre de 2010, tras declarar por el 'caso Umbra' en el juzgado. / israel sánchez / agm
El entonces concejal Fernando Berberena, en octubre de 2010, tras declarar por el 'caso Umbra' en el juzgado. / israel sánchez / agm

El exconcejal Berberena afronta una petición de dos años y nueve meses de prisión; y Guerra, exdirector de la Gerencia, otros diez años y medio

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

El 'caso Umbra', la supuesta mayor trama de corrupción institucional desmantelada hasta el momento en la Región, se encamina hacia juicio arrastrando tras de sí a quienes durante largos años fueron los máximos responsables de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, con el exconcejal Fernando Berberena a la cabeza. La Fiscalía Anticorrupción, a cuyo frente se encuentra Juan Pablo Lozano en la Región, presentó ayer la calificación provisional por esta causa, en la que reclama penas globales de casi treinta años de cárcel para los antiguos integrantes de la cúpular de Urbanismo municipal, además de varias decenas de años más de prisión para una serie de empresarios, asesores e intermediarios que presuntamente medraron en torno a esos altos funcionarios sospechosos de corrupción.

El escrito de acusación, al que 'La Verdad' ha tenido acceso, atribuye a quien fue el omnipotente concejal de Urbanismo en varios gobiernos de Miguel Ángel Cámara, Fernando Berberena, un delito de prevaricación en concurso ideal con otro de fraude, por los que afronta la petición ya mencionada de dos años y nueve meses de prisión. El fiscal le atribuye haber infravalorado a conciencia el 10% de aprovechamiento que unos promotores de la zona norte del municipio debían haber abonado al Ayuntamiento. Más fortuna ha tenido con el delito de cohecho por el que también estaba acusado, al haber recibido el supuesto regalo de dos relojes -valorados en 27.000 euros- por parte del intermediario urbanístico Renato del Noce, pues el Ministerio Público elude pedirle penas de cárcel por este asunto al considerar que el delito ha prescrito.

Acusados, delitos y penas solicitadas

Fernando Berberena
Petición de dos años y nueve meses de prisión por presunta prevaricación en concurso con fraude.
Alberto Guerra
Petición de diez años y medio de prisión por presunto cohecho continuado, cohecho en concurso con tráfico de influencias e inducción a la malversación de caudales.
Isabel Fernández Guerras
Petición de tres años y tres meses de prisión por supuesto cohecho.
Ángel Lajarín
Petición de seis años y medio de prisión por inducción a la malversación de caudales.
Joaquín Peñalver
Petición de siete años de prisión por presunta malversación y cohecho.
Francisco José Peñalver
Petición de dos años y medio de prisión por presunto cohecho.
Renato del Noce
Petición de dieciocho años y nueve meses de prisión por presunta malversación, cohecho y tres delitos fiscales.
Higinio Pérez
Petición de trece años y 3 meses de prisión por cohecho y malversación.
Alfonso Ramírez, Juan Sabater y José Sánchez
Peticiones que oscilan entre los seis y siete años de prisión por presunta malversación.
Jesús Zafra
Petición de dos años y tres meses de prisión por presunto delito de cohecho.

Las peticiones de condena más elevadas entre los antiguos responsables de Urbanismo las concentra quien fue el director de la Gerencia, Alberto Guerra Tschuschke, para quien reclama diez años y medio de prisión por presunto delito continuado de cohecho, otro delito de cohecho en concurso ideal con tráfico de influencias e inducción a la malversación de caudales públicos. Presuntamente, Alberto Guerra participó en negocios privados con impulsores de planes urbanísticos en Murcia, a la vez que tenía que adoptar decisiones sobre tales proyectos, lo que le habría reportado grandes beneficios -hasta 1,3 millones en una sola operación- junto a su esposa, Isabel Fernández Guerras, también alta funcionaria municipal y para quien el fiscal pide tres años y tres meses de cárcel.

También Lajarín y Peñalver

Otro antiguo jefe de Urbanismo, Ángel Lajarín, afronta una solicitud de seis años y medio de prisión como acusado de un delito de inducción a la malversación de caudales públicos, por sus decisiones aparentemente ilegales en el convenio que permitió rehabilitar el Casino de Murcia. En concreto, habría aceptado la inclusión en el acuerdo con los promotores de una partida de diez millones de euros para la restauración del histórico inmueble, sin informe de valoración alguno sobre el coste de esas obras y «a sabiendas de que incluía partidas inaceptables», como unos pagos de 2,5 millones de euros al intermediario Del Noce.

Las diligencias sobre esta presunta trama de corrupción se abrieron en 2008 para investigar un trato de favor a impulsores de grandes proyectos inmobiliarios en el norte del municipio de Murcia

Por lo que respecta al exjefe de Planeamiento Urbanístico, Joaquín Peñalver, la Fiscalía Anticorrupción eleva su petición de penas hasta los siete años de cárcel por presuntos delitos de falsedad en documento público y cohecho. En concreto, se le acusa de haber estado recibiendo pagos de promotores a través de un despacho de arquitectura de su familia, que es lo que explica que también esté perseguido por cohecho su hermano Francisco José Peñalver, a quien se le piden dos años y medio de prisión.

Del Noce, el más perjudicado

La solicitud de penas de cárcel más elevada está dirigida al presunto conseguidor Renato del Noce, un ingeniero de origen italiano que presuntamente se dedicaba a favorecer y hacer cuadrar los intereses de grandes promotores a través de sus contactos con la cúpula de Urbanismo en el Consistorio murciano. Este intermediario afronta una petición de 18 años y 9 meses de prisión como acusado de delitos de cohecho y malversación de caudales, además de tres supuestos delitos fiscales en concurso con falsedad documental. Presuntamente habría defraudado a la Hacienda Pública cerca de 800.000 euros entre los años 2004 y 2005, lo que habría conseguido mediante la aparente presentación de facturas falsas para deducir gastos ficticios.

Igualmente elevadas son las penas que la Fiscalía reclama para el letrado Higinio Pérez, asesor en varios grandes planes parciales al norte del municipio de Murcia, a quien se le atribuye haber metido a Alberto Guerra en algunos de los negocios urbanísticos que impulsaba con carácter particular y que le habrían reportado ganancias millonarias. La petición de cárcel en el caso del asesor legal asciende a 13 años y 3 meses de prisión.

Por último, el fiscal Lozano reclama penas de entre seis y siete años de prisión para impulsores de planes urbanísticos como Alfonso Ramírez Huguet (siete años), Juan Sabater Borja (seis años y nueve meses) y José Sánchez Fernández (seis años), además de dos años y tres meses de prisión para el arquitecto Jesús Zafra Serrano.

Las diligencias del 'caso Umbra', la mayor trama de supuesta corrupción urbanística conocida en la Región, se abrieron en 2008 para investigar supuestos tratos de favor desde la Gerencia de Urbanismo de Murcia a promotores de grandes proyectos inmobiliarios en este municipio. Unas operaciones que incluyeron la controvertida rehabilitación del Casino de Murcia.