El fiscal reclama cinco años a una falsa policía judicial por estafar hasta 100.000 euros
La mujer prometía presuntamente quitar sanciones, levantar embargos y conseguir puestos de funcionario gracias a sus influencias
No tenía amigos, ni conocidos. Si alguien caía en su radio de acción se convertía, presuntamente, en una potencial víctima. Ahora, la Fiscalía reclama cinco años de prisión y el pago de indemnizaciones que rozan los 100.000 euros para una mujer, cuya identidad responde a las iniciales M.S.V.B., que pasa por ser una de las más activas estafadoras de cuantas han actuado por estos lares en los últimos años.
Las correrías supuestamente fraudulentas de la acusada, que cuenta ahora 45 años de edad, se remontan a los primeros días de 2013, «guiada por el ánimo de lucro ilícito», cuando comenzó a ganarse la confianza de algunas personas que se cruzaban en su camino con el aparente propósito de sacarles el dinero. Y sostiene el Ministerio Público que lo logró, y en abundancia, presentándose a sí misma como una policía judicial con relevantes contactos no solo en el ámbito de los embargos judiciales, en el que decía estar centrado su cometido profesional, sino también en diversos organismos públicos.
La mujer, que se había asignado el de Sara como 'nombre de guerra', habría cometido en apenas año y medio una quincena de estafas y algunos hurtos de joyas, de los que ha continuación se ofrece un somero resumen.
Actuaba bajo la también falsa identidad de Sara y habría cometido una quincena de fraudes y hurtos en un año y medio
A su casera, que le había alquilado un piso en La Ñora por el precio de 300 euros mensuales, no solo le dejó un año entero supuestamente sin abonar, sino que le dejó una púa de 1.831 euros por los gastos de luz y agua. Además, se habría marchado con mobiliario y enseres diversos por valor de 787 euros.
A otros caseros, propietarios estos de un piso en Molina de Segura, se habría presentado como policía judicial y les habría ofrecido resolverle el problema que tenían con el embargo de dos propiedades. Con la excusa de ir abonando diversas tasas, habría llegado a apoderarse de 36.000 euros de ese matrimonio.
Y de propina, el cuñado
Una suerte parecida, por llamarla de algún modo, tuvo otra pareja a la que se ofreció a conseguir dos puestos de trabajo en la Comunidad o en el Ayuntamiento de Murcia, y otro de propina para un cuñado, a cambio de 33.000 euros. No logró tanto, pero sí consiguió supuestamente sacarles 6.000 euros con las falsas promesas de convertirlos en funcionarios públicos.
A otra vecina de La Ñora se habría ofrecido a conseguirle un chalé de los que salen a subasta tras un embargo, además de un empleo en el Consistorio murciano y la retirada de una sanción urbanística que le habían puesto a su padre. La cantidad que en apariencia se embolsó con ese montaje superaba los 5.000 euros.
Esa oferta era muy similar a la que recibió otra conocida de Sara, a quien esta le ofreció un puesto de trabajo para su hijo, bien como guarda forestal o como operario municipal, «anotando desperfectos por las calles», además de la retirada de una multa por infracción urbanística y la adjudicación de un solar de propiedad municipal. Su imaginación no tenía límites, según se deduce del escrito de la Fiscalía, pues llegaba a asegurar que su contacto era «un tal Miguel», a quien atribuía la condición profesional de «inspector penal judicial económico». Casi nada. Al final, las víctimas se quedaron igual que estaban, pero con sus ahorros convenientemente aligerados en la cantidad de 6.540 euros.
A otro hombre le estafó supuestamente 2.100 euros por un puesto de trabajo en la Comunidad para su mujer que, huelga decirlo, tampoco llegó. Y a otro, también afectado por una multa de Urbanismo, le habría despojado de 2.400 euros, a los que se sumaron otros 1.617 con la promesa de conseguirle una devolución del 80% de la cuantía de un pago a Hacienda.
Otro matrimonio de Murcia le entregó presuntamente 10.750 euros por librarles –lo que no hizo– de un desahucio de su domicilio, y otra pareja en la misma situación se quedó igualmente sin los 11.500 euros que confiaron a Sara. Sabido es que a perro flaco...
Otro de los supuestos palos le habría permitido apoderarse de 8.000 euros de dos socias, muy desesperadas, de una empresa afectada por múltiples embargos e innumerables multas de tráfico. De todas sus decisiones ruinosas, confiar en la falsa policía judicial fue sin duda una de las peores.
En otras ocasiones, Sara se habría aprovechado de la confianza con algunas vecinas o conocidas para, una vez conseguido el acceso a sus respectivos domicilios, despojarlas de sus joyas.
Paradójicamente, la falsa policía judicial tendrá ahora que dejarse caer por los juzgados, al menos por una jornada, aunque no para trabajar. Se enfrenta a peticiones de más de cinco años de prisión por hurto y estafa.
