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El fiscal pide dos años al dueño de Peinsa por presunto alzamiento de fincas para evitar un embargo

El conocido constructor Juan Gracia tenía que abonar cerca de un millón a Bankinter por un préstamo impagado

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Lunes, 17 de junio 2019, 08:18

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Juan Gracia, uno de los mayores constructores de la Región de Murcia durante largos años y propietario de la compañía Peinsa, tendrá que sentarse en breve en el banquillo de los acusados para responder de un supuesto delito de alzamiento de bienes, por el que la Fiscalía le pide dos años de prisión. El escrito de acusación provisional pone de manifiesto que el promotor, muy conocido en ámbitos empresariales de la zona del Mar Menor, solicitó en 2005 un préstamo de 750.000 euros a la entidad Bankinter, del que tres años más tarde solo había abonado en apariencia algo menos de 8.000 euros.

El incumplimiento de los pagos acordados llevó a la entidad financiera, en noviembre de 2008, a comunicar formalmente a Juan Gracia que daba por vencido el crédito. Y una vez que constató que el empresario no iba a responder de sus obligaciones, en abril de 2009 interpuso una demanda de ejecución de títulos no judiciales, ante el Juzgado de Primera Instancia número 6 de San Javier, que acabó condenándolo a abonar 742.404 euros de principal y 222.000 euros de intereses y costas. Esto es, casi un millón de euros.

Entre los bienes de Juan Gracia que parecían embargables figuraban una vivienda y una plaza de garaje, pero el Registro de la Propiedad de San Javier denegó la anotación preventiva de ese embargo por cuanto los inmuebles habían sido vendidos ya a otras personas. Por lo que respecta a una finca urbana situada en San Pedro del Pinatar, se comprobó que figuraba como hipotecada en favor de otra entidad bancaria.

El empresario transfirió tres propiedades a una mercantil de la que era administrador

Quedaba la posibilidad de proceder al embargo de tres terrenos ubicados en Molina de Segura, pero se comprobó que en octubre de 2008 el empresario las había transmitido, como dación en pago y por unas deudas que el fiscal considera no acreditadas, a la sociedad Intersa (Infraestructuras Terrestres SA), de la que el propio Juan Gracia era administrador. Igualmente, se ha constatado que Peinsa, la constructora de la que este hombre de negocios era el socio mayoritario, tenía el 15% de las acciones de Intersa.

«Vaciamiento patrimonial»

El Ministerio Público sostiene que las transmisiones llevadas a cabo por Juan Gracia desde octubre de 2008 a abril de 2009 supusieron «un vaciamiento patrimonial con el fin de impedir que la entidad Bankinter pudiera hacer efectivo el cobro de la cantidad que se le adeudaba». Por ello, le acusa de un delito de alzamiento de bienes y reclama una condena de dos años de prisión, además de solicitar que se declare la nulidad de la transmisión de las tres fincas de Molina de Segura.

Fuentes próximas al proceso señalaron que Gracia ha contratado recientemente los servicios del penalista Raúl Pardo-Geijo, quien previsiblemente pedirá su absolución.

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