El fiscal pide dos años y medio de prisión a los dueños de Magia Beach por delito urbanístico

Este chiringuito playero, levantado a los pies del canal de Veneziola, se convirtió durante un par de veranos en una de las principales referencias del ocio en ese último tramo de La Manga, con una gran afluencia de público, atraído por su magnífica ubicación junto al mar y por unas instalaciones diseñadas con especial mimo.

La Fiscalía y la acusación privada sostienen, sin embargo, que esta construcción se inició en abril de 2015 sin disponer de licencia alguna por parte de la mercantil Veneciola Beach SL, administrada por M. S. M., quien más tarde vendió el negocio a A. C. A., propietario de la sociedad Martina Vela Beach SL.

Una inspección de los técnicos de la Demarcación de Costas de Murcia, dependiente de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, detectó que una parte de esas obras, en concreto una esquina de 14 metros cuadrados, habían sido construidas sobre la zona de servidumbre del Dominio Público Marítimo Terrestre, «sin contar con licencia municipal alguna ni autorización de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, y sin que las mismas sean legalizables».

El restaurante, de 335 metros cuadrados, disponía además de un pantalán o muelle de atraque de unos cien metros, que se extendía junto al mencionado canal de Veneziola y que permitía llegar en barco hasta el local. Esta construcción, realizada por Martina Vela Beach SL, también se habría hecho sin licencia y en plena zona deslindada del Dominio Público Marítimo Terrestre.

La acusación particular insiste en su escrito en las molestias que esas obras causaban, ya que en la zona de dominio público, «ocupada privativamente», se habrían llegado a plantar árboles y a instalar sombrillas y mesas «para uso privado del restaurante, que impiden el uso público».

De esa forma, el acceso a la playa por tierra habría quedado cerrado, «lo que convierte de facto la zona de costa en una playa privada para uso exclusivo» de los clientes del restaurante. Ante la ausencia de conexión a la red eléctrica, el local funcionaría, además, con un gran grupo electrógeno, que provocaría más molestias «que deben unirse a las de la música y los ruidos, que se prolongan hasta altas horas de la noche».

Las mismas fuentes señalaron que una de las defensas, que habría asumido el letrado Raúl Pardo-Geijo, ha planteado ya dos posibles motivos de nulidad para tratar de tumbar la investigación judicial.

El juicio se celebrará en un juzgado de lo Penal de Cartagena.