La fiscal se opone «por prematura» a una fianza de 600 millones por la desaladora

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

La fiscal María Isabel Neira, que impulsa la investigación sobre un presunto fraude millonario en la construcción y explotación de la desalinizadora de Escombreras, ha expresado su oposición a que se fije una fianza de 600 millones de euros a los encausados en estas diligencias, como habían solicitado recientemente tres acusaciones particulares. Para argumentar su rechazo a esta solicitud, la representante del Ministerio Público señala que se trataría de una medida «prematura», toda vez que en este momento procesal todavía «se está revisando qué actos con relevancia penal son imputables a cada uno de los encausados y en qué grado», sin que se pueda descartar que algunos de ellos puedan quedar exculpados. Algo que en su opinión obliga a actuar con prudencia respecto de «una medida en extremo gravosa», como sería la de fijarles esa elevadísima fianza y, de no prestarla, embargarles sus bienes.

Por otro lado, indica la fiscal que aun en el supuesto de que se anularan los contratos suscritos por considerarse fraudulentos, ello no supondría un retorno automático a la situación económica previa a la construcción de la planta desaladora, ya que habría que realizar cálculos sobre beneficio económico y gastos generales para conocer los efectos reales de esas nulidades. A lo cual se suma, según afirma, que las posibles responsabilidades civiles están en este momento amparadas por el grupo ACS y la Comunidad Autónoma.

La petición de fianza fue efectuada por las acusaciones que impulsan el letrado Diego de Ramón, Contrapoder y Anse.