El fiscal de Menores tramita una media de 25 denuncias al año por absentismo escolar

Alumnas haciendo novillos. /LV
Alumnas haciendo novillos. / LV

También envía cartas a los padres que están bajo la lupa de la Consejería para advertirles de que pueden incurrir en un delito con penas de cárcel y multas

Jorge García Badía
JORGE GARCÍA BADÍA

Familia desestructurada, en riesgo de exclusión social, que durante meses no atiende las llamadas telefónicas ni las comunicaciones del centro educativo o del Ayuntamiento para atajar las continuos novillos de su hijo. Es solo un ejemplo de los 50 a 60 expedientes por ausencias prolongadas en clase que la Consejería de Educación, a través de la Mesa Regional de Absentismo y Abandono Escolar, deriva cada año a la Fiscalía de Menores y que motivan una media de 20 a 25 denuncias en los juzgados por presuntos delitos de abandono de familia por absentismo escolar.

«Esta media no incluye al partido judicial de Cartagena», aclara el fiscal delegado de Menores, José Antonio Ródenas. Lo hace después de que el inicio del curso escolar se haya visto salpicado por un auto de la Audiencia Provincial que desestima el recurso presentado por unos padres investigados por un presunto delito de abandono de familia y que motivará que los progenitores se enfrenten a un proceso judicial por no preocuparse de la escolarización de su hijo.

«Los casos que nos llegan de no escolarización son mínimos, la mayoría son de absentismo», apunta el fiscal. Y así lo corrobora la Consejería de Educación: «En los últimos diez años, han sido seis los casos detectados de alumnos desescolarizados».

Educación solo ha detectado seis casos de niños no escolarizados en los últimos diez años

Las consecuencias penales para los progenitores que «incumplen los deberes inherentes a la patria potestad», explica Ródenas, tales como no garantizar la escolarización obligatoria de los menores o hacer la vista gorda ante los novillos, van desde penas de cárcel de 3 a 6 meses, la pérdida de la custodia de los hijos de 4 a 10 años, así como multas de 6 a 12 meses. «La cuantía de las sanciones se establece atendiendo a la capacidad económica de cada familia», aclara el fiscal. El importe mínimo es de 2 euros diarios y el máximo de 400 euros.

Cartas de advertencia

«La mayoría de expedientes que llegan de la Consejería a la Fiscalía son de alumnos de Secundaria», apunta Ródenas. Algunos motivan una denuncia, otros se archivan, pero, en otras ocasiones se opta por enviar cartas a las familias para informarles de las consecuencias legales a las que se pueden enfrentar si no regularizan la situación educativa del menor. «Es una advertencia -dice el fiscal- sobre la posibilidad que tienen de incurrir en un delito; después de la carta, estoy en contacto con la comisión técnica de absentismo para seguir la evolución del caso».

Pese a la media de denuncias que tramita al año, el fiscal concluye que «no es un tema que haya ido en aumento, el protocolo de la Consejería funciona y hay más concienciación».

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