El fiscal indaga si Muñoz colocó al hermano de un consejero andaluz del PP en el Puerto de Cartagena

«La presidenta de la APC realizó diversas modificaciones de las bases del concurso, entre mayo de 2021 y el 24-11-2021, variando las valoraciones y la forma de puntuar los méritos, idiomas y formación», indica la querella del Ministerio Público contra Muñoz, el expresidente Antonio Sevilla y responsables del Puerto y de empresas contratistas.

Se incluyó «expresamente en el baremo de méritos la experiencia en el ámbito ferroviario» y se valoró «con los mismos puntos que la experiencia portuaria o un máster portuario». Se cita un «correo [electrónico] de 12-10-2021» y que ese «conocimiento ferroviario era justo lo que poseía la persona finalmente ganadora del concurso».

La querella enmarca la intervención de Muñoz en maniobras para la «contratación de altos cargos». Ningún candidato superó los mínimos, pero hubo una evaluación «subjetiva» de la empresa de recursos humanos Barraise SL. Se ocupó su administradora, Susana García Bernal, «amiga de la presidenta de la APC y compañera del máster para directivos AMP». El Puerto le dio dos contratos menores, por 11.000 euros.

El documento, al que ha accedido LA VERDAD, indica que Muñoz habría incurrido «en los delitos de prevaricación y tráfico de influencias». El fiscal también ha solicitado al Juzgado de Instrucción 1 de Cartagena su imputación por otros hechos de su presidencia, iniciada en diciembre de 2019 tras ser propuesta para el cargo por el Gobierno regional (del PP).

El Ministerio Público busca, asimismo, aclarar si «instancias superiores de la APC» presionaron a funcionarios para «conocer e influir en las declaraciones» que realizaron ante la Policía Nacional en Cartagena, como testigos de la presunta trama de corrupción.

Indaga sobre una supuesta 'caza de brujas', con «reuniones entre responsables y trabajadores, donde se les advertía de qué debían informar si eran citados para declarar en comisaría»; y sobre una investigación interna sobre «el origen de la filtración de los documentos a Fiscalía y a la Policía» y sobre «quién había denunciado». También hay sospechas de que el director «conminó» a una persona a «redactar y firmar una especie de 'documento de lealtad' a la APC, por orden de la presidenta»; y de que instó a ese testigo y a otro a informarle de sus declaraciones. Muñoz ha negado cualquier irregularidad.