Calculan que unos 2.000 murcianos están afectados por el cierre de iDental

Francisco Javier Camacho, Óscar Castro y Francisco Abril, durante la rueda de prensa./Vicente Vicéns / AGM
Francisco Javier Camacho, Óscar Castro y Francisco Abril, durante la rueda de prensa. / Vicente Vicéns / AGM

Las financieras se han comprometido a ayudar a los damnificados enviándoles a otras clínicas para que les realicen valoraciones sin tener que aportar más dinero, o cancelando el préstamo

EFE / EPMurcia

Las financieras de iDental se han comprometido a ayudar a los damnificados enviándoles a otras clínicas para que les realicen valoraciones y puedan continuar con los tratamientos que tenían a medias, sin tener que aportar más dinero, o bien cancelar el préstamo, según informó este martes el presidente del Colegio de Odontólogos de la Región, Óscar Castro.

La demanda conjunta contra la clínica iDental en Cobatillas fue presentada el lunes en los juzgados, en la que el Colegio de Odontólogos ha incluido los delitos de estafa, apropiación indebida, y falsedad documental.

Castro explicó que la Administración debe controlar este tipo de situaciones, ya que estas clínicas estaban constituidas como sociedades mercantiles, por lo que no tenían obligación de estar sujetos a ningún control por parte del colegio.

El presidente de la asociación nacional de afectados por iDental (Adafi), Francisco Camacho, explicó que existen 100.000 damnificados, de los cuales en la Región de Murcia son unas 2.000 personas, si bien desconocen el número exacto de expedientes que han dejado abiertos tras el cierre de la clínica el pasado 13 de junio.

Camacho ha descrito cómo estos dentistas realizaban estudios a los pacientes para después darles un presupuesto inflado, que rebajaban con supuestas subvenciones hasta el 50 o 90% en función de la situación de cada persona, e incluso inventaban nóminas para que desempleados pudieran pedir los préstamos y así pagar los tratamientos. El coste medio de estos tratamientos era de 3.000 euros, por lo que calculan que estas clínicas han estafado en torno a 600.000 euros a nivel nacional.

Debido a las malas prácticas llevadas a cabo por estos odontólogos, que muchas veces aún se encontraban en prácticas, hay pacientes que han perdido dientes sanos, implantes o salud debido a infecciones causadas por alargar los tratamientos, además de los problemas psicológicos y emocionales que están sufriendo, según denunció Camacho.

Los afectados necesitan los historiales clínicos para poder seguir con los procesos judiciales y solicitar las valoraciones necesarias para un peritaje judicial, por lo que han solicitado a la Consejería de Sanidad que los custodie, medidas que comunidades como Castilla-León ya ha autorizado.

Óscar Castro ha valoró el problema que ha generado iDental como «el drama humano más grande de los últimos años», por lo que solicitan un cambio legislativo. El próximo jueves, la asociación de afectados de la Región de Murcia llevará al pleno de la Asamblea Regional la situación en la que les ha dejado el cierre de esta clínica, en Cobatillas, para que la declaren de «emergencia sanitaria» la situación.

Cs pedirá al Gobierno regional que tome medidas para ayudar a los usuarios de Idental en su defensa

El pleno de la Asamblea Regional debatirá el jueves una moción de Ciudadanos en la que se pide a la Comunidad Autónoma que tome medidas para que los afectados por el cierre de la clínica Idental puedan ejercer la defensa de sus derechos en materia de consumo y sanidad.

En un comunicado, la formación naranja reclamó al Ejecutivo murciano que se entablen conversaciones con las plataformas y asociaciones de afectados a fin de trasladarles la información precisa para que los clientes de esta empresa puedan ejercer la defensa de sus derechos en materia de consumo y sanidad ante los organismos autonómicos correspondientes.

Además, la iniciativa también aboga por crear una mesa de expertos independientes, cuyo objetivo será informar sobre las respuestas legales dirigidas a resarcir a los afectados de los daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento «normal o anormal» de la administración pública, y que se proceda al estudio de la posibilidad de hacerse cargo de las necesidades de peritaje que necesiten los afectados.

El diputado autonómico de Ciudadanos Miguel López-Morell mostró su preocupación debido a que el cierre de la clínica de Cobatillas ha dejado «desamparadas a cientos de personas» que habían invertido parte de sus ahorros y que «han sido estafadas», incluyendo familias que tienen pocos recursos y, por si fuera poco, existe «riesgo» de que algunos pacientes hayan podido contraer enfermedades debido a las malas prácticas de esta empresa.

En su opinión, estos hechos no son un «caso aislado» porque el número de denuncias de los clientes que han sido atendidos en las clínicas que tiene esta empresa en distintos lugares de España ha aumentado de forma significativa, hasta el punto de que los administradores de las clínicas dentales están declarando en sede judicial por presuntos delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida.

Por ello, la formación naranja consideró que la Comunidad Autónoma, como administración responsable de garantizar los derechos de los consumidores y usuarios, ha podido incurrir en una «grave dejación de funciones», derivando su «irresponsabilidad» en «perjuicios» para numerosas personas.

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Emilio Ivars, reclamó a la Consejería que asuma el coste de los casos más urgentes del fraude de iDental, y que requieran un tratamiento urgente.

Ivars ha trasladado el apoyo del PSOE a los afectados y propone que se realice una evaluación previa a los pacientes, para hacer un informe que determine los casos que presentan más riesgos para la salud y tengan prioridad.

A su juicio, «es un tema de máxima sensibilidad, que necesita una respuesta urgente por parte de la Administración pública, que tiene el deber de velar por la ciudadanía. Hablamos de pacientes que habían iniciado sus tratamientos y abonado su importe y ahora se encuentran desprotegidos».

El diputado socialista considera que, una vez realizado dicho informe, y previo convenio con el Colegio de Odontólogos, la Comunidad «se haga cargo de los costes de los tratamientos que revistan más gravedad». En caso de que, a posteriori, alguna compañía aseguradora abonase dicho importe, «deberán ser revertidos a la Administración regional».

 

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