Familia deja la violencia de género fuera del borrador de Ley de Servicios Sociales

El CES insta a incluir la protección a las víctimas entre las prestaciones garantizadas del sistema, como ya ocurre en otras regiones

Javier Pérez Parra
JAVIER PÉREZ PARRA

El anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de la Comunidad deja la protección a las víctimas de violencia de género fuera de las prestaciones garantizadas por el sistema, a diferencia de lo que ocurre en otras regiones. Así lo advierte el Consejo Económico y Social (CES) en un dictamen aprobado la semana pasada. El órgano consultivo insta a la Consejería de Familia e Igualdad a corregir esta exclusión, y recuerda que el catálogo de referencia nacional de servicios sociales sí incluye como propias del sistema las prestaciones a las víctimas de la violencia machista.

En la memoria del borrador, la Consejería justifica su decisión de aparcar lo relativo a la violencia de género porque la ley «se refiere a un sistema de servicios sociales en sentido estricto, esto es, que por definición no incluye los servicios de promoción de la mujer ni protección a víctimas de violencia de género, al entender que no tienen la consideración de prestación social. Todo ello sin perjuicio de la asistencia social que se le pueda proporcionar a este colectivo desde los servicios sociales, según se exige en la normativa vigente en materia de igualdad». En este sentido, el borrador establece como competencia de los servicios sociales de Atención Primaria «aplicar protocolos de prevención y de atención ante malos tratos a personas de los colectivos más vulnerables». No se recoge el término violencia de género.

La explicación no convence al CES, que recuerda que las nuevas leyes autonómicas sí garantizan la protección a las víctimas en el seno del sistema de servicios sociales. En este sentido, el órgano consultivo cita la legislación de Extremadura, Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco y Aragón. Además, se pone de relieve que «en el catálogo de referencia de servicios sociales aprobado por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se incluyen las prestaciones específicas para la protección a las mujeres víctimas de violencia de género, configuradas como prestaciones propias del sistema de servicios sociales».

El Consejo Económico y Social celebra que la renta básica y otras ayudas pasen a ser consideradas un derecho del usuario

Más allá de estas advertencias, el CES hace una valoración positiva, en términos generales, del borrador de la ley, que ha tramitado a lo largo de toda la legislatura la exconsejera Violante Tomás. El Consejo Económico y Social aplaude que se reconozca específicamente el derecho subjetivo de los usuarios a las prestaciones garantizadas del sistema de servicios sociales. Entre ellas, la renta básica de inserción, la Atención Temprana entre cero a seis años, la mediación familiar, las ayudas de urgencia y emergencia social o la protección de menores en situación de riesgo o desamparo. No así la protección a víctimas de violencia de género, lo que censura el CES.

Amplia participación

El dictamen aplaude el amplio proceso participativo llevado a cabo para la elaboración de la ley. Sin embargo, al CES le preocupa que, como ya ocurrió con leyes sociales anteriores, numerosas disposiciones quedan pendiente de la aprobación posterior de reglamentos. La última ley, de 2003, preveía la elaboración de un plan regional de servicios sociales y de un mapa de necesidades y recursos que nunca se hicieron realidad. Ahora, ambas herramientas vuelven a incluirse en el borrador.

La norma vuelve a recoger la necesidad de un plan regional previsto desde el año 2003

El CES «es consciente de que una ley de estas características necesita de un importante desarrollo reglamentario», pero ello «no debe ocasionar un retraso significativo en la ejecución de disposiciones legales, ni mucho menos, como ha sucedido en ocasiones anteriores, una falta permanente de puesta en marcha de las mismas», advierte.